Tribunal Colegiado falla en macrojuicio por corrupción Coral y Coral 5G
Tres juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dieron a conocer este lunes la resolución en el proceso contra exaltos mandos militares y civiles por el desvío de más de 4,500 millones de pesos.
Tribunal Colegiado falla en macrojuicio por corrupción Coral y Coral 5G
Este lunes 15 de junio, a las 3:00 de la tarde, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dio lectura a la sentencia en uno de los procesos contra la corrupción más amplios y seguidos de los últimos tiempos en la República Dominicana.
Las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo fueron quienes resolvieron el destino de decenas de exfuncionarios de las fuerzas armadas, la policía y el sector civil, a quienes la fiscalía atribuye haber montado una organización para desfalcar al erario público entre 2012 y 2020.
La acusación sostiene que el monto desviado supera los cuatro mil quinientos millones de pesos dominicanos, extraídos de entidades como el Cuerpo de Seguridad Presidencial y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. El entramado fue desmantelado en abril de 2021, cuando los fiscales allanaron propiedades y detuvieron a varios presuntos integrantes.
El exjefe del Cusep, mayor general en retiro Adán Benoni Cáceres Silvestre, es considerado por el Ministerio Público como el cabecilla principal. Otros nombres destacados entre los procesados son el general Juan Carlos Torres Robiou, quien comandó el Cestur; el coronel Rafael Núñez de Aza, encargado de las finanzas del Cusep; los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista; el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores; y la religiosa Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, apodada "la pastora Rossy".
La estructura habría operado mediante sueldos fantasma, contrataciones simuladas, manejo irregular de recursos estatales, creación de compañías pantalla y compra de activos con fondos de procedencia dudosa. Los ilícitos que se les imputan abarcan desde la formación de bandas criminales entre servidores públicos hasta el blanqueo de capitales, pasando por la estafa al Estado, la prevaricación, la enriquecimiento ilícito y el uso de prestanombres.
La Pepca, unidad especializada en perseguir la corrupción gubernamental, reclamó condenas de veinte años de cárcel para los acusados de mayor jerarquía, incluyendo a Cáceres Silvestre, Torres Robiou, De los Santos Viola, Núñez de Aza, Reyes Batista y Mata Flores. Para el resto de los involucrados, las peticiones oscilan entre quince, diez y cinco años de prisión, según su nivel de implicación.
La resolución judicial también podría determinar la confiscación de bienes, la imposición de sanciones económicas y la disolución de firmas comerciales ligadas al esquema.
_Fuente: Acento_
Source: Google News DO — Crime