OVP denuncia 7.414 presos en calabozos del CICPC con hasta 615 días de reclusión
El Observatorio Venezolano de Prisiones documentó una red de "cárceles paralelas" en comisarías del CICPC con más de 7.400 detenidos. El tiempo promedio de permanencia supera los 20 meses.
Más de 7.400 personas recluidas en calabozos policiales venezolanos, según el OVP
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció ante martinoticias.com la existencia de una red de "cárceles paralelas" operada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Venezuela, donde miles de personas permanecen recluidas durante meses o años en instalaciones concebidas originalmente para detenciones temporales.
La investigación del OVP contabilizó 7.414 personas privadas de libertad en 157 dependencias del CICPC en todo el país. De esas instalaciones, 24 corresponden a entidades federales y 133 a delegaciones municipales, coordinaciones, divisiones y otras dependencias del organismo adscrito al Ministerio de Justicia.
Origen del problema: una orden de 2011
Según el OVP, la situación se remonta al 3 de agosto de 2011, cuando la entonces ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela ordenó suspender el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles sin autorización expresa de su despacho. Quince años después, los calabozos policiales terminaron asumiendo funciones propias de establecimientos penitenciarios, sostiene la organización.
La Constitución venezolana establece que toda persona detenida debe ser presentada ante una autoridad judicial dentro de las 48 horas siguientes a su aprehensión. Sin embargo, el OVP determinó que el tiempo promedio de permanencia en estas dependencias alcanza los 615 días —aproximadamente un año y ocho meses.
Un tercio de los detenidos lleva más de dos años en calabozos
El 58 % de los detenidos acumula más de un año privado de libertad. De manera más precisa, 2.481 personas —el 33,5 % del total— superan los dos años en esas instalaciones, lo que equivale a aproximadamente uno de cada tres detenidos.
El informe señala además que 6.518 personas, el 87,9 % del total, se encuentran en condición de procesadas, mientras que solo 896, el 12,1 %, aparecen registradas como penadas. Para el OVP, estas cifras evidencian que la prisión preventiva dejó de operar como medida excepcional y se convirtió, en la práctica, en una reclusión prolongada dentro de instalaciones policiales.
Distribución geográfica
La situación se extiende por todo el territorio nacional. Distrito Capital concentra 1.013 detenidos; Zulia, 864; Miranda, 733; Carabobo, 616; y Aragua, 562. Estos cinco estados agrupan cerca de la mitad de las personas contabilizadas en los calabozos del CICPC.
Cobros irregulares de hasta 200 dólares
El informe también recoge denuncias de familiares sobre pagos de hasta 200 dólares para acceder a condiciones elementales de reclusión. Según los testimonios recopilados por el OVP, se exigirían cobros por alimentación, atención médica y llamadas telefónicas. La organización advierte que estas prácticas constituyen una forma de corrupción que incrementa la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad.
El Observatorio señala, adicionalmente, que no existe información pública suficiente ni verificable sobre los recursos presupuestarios destinados a mantener a los detenidos en estas dependencias.
Exigencias del OVP
Ante este panorama, la organización pide reducir el uso excesivo de la prisión preventiva, acelerar los procesos judiciales, trasladar a los detenidos a establecimientos penitenciarios adecuados, fortalecer la supervisión independiente y publicar periódicamente datos sobre las condiciones de reclusión.
"Los calabozos policiales no pueden seguir funcionando como cárceles paralelas", concluye el OVP.
Source: Google News VE — Crime