Fin de las cajas CLAP: una década de corrupción estatal y crimen organizado en Venezuela
El desmantelamiento silencioso del programa CLAP pone fin a un esquema de corrupción que vinculó al Estado venezolano con el crimen organizado durante diez años.
El ocaso del programa CLAP cierra una era de corrupción estructural en Venezuela
Las cajas del programa de alimentos subsidiados CLAP dejaron de distribuirse en Venezuela a comienzos de 2026, según reporta lapatilla.com con base en informes de InSight Crime. El desmantelamiento silencioso de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción pone fin a uno de los esquemas que mejor ilustró la intersección entre el crimen organizado y el Estado venezolano durante la última década.
El programa fue creado en 2016, durante la presidencia de Nicolás Maduro, en respuesta a una crisis económica severa y una escasez masiva de alimentos. Durante los años siguientes, cajas con productos básicos —frijoles, pasta, aceite— se distribuyeron periódicamente en todo el país. Según beneficiarios y proveedores entrevistados por InSight Crime, los envíos comenzaron a llegar con retrasos crecientes desde agosto de 2025, hasta cesar por completo.
El gobierno no anunció oficialmente el fin del programa. El gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha comenzado a implementar iniciativas alternativas de asistencia alimentaria, entre ellas tiendas que ofrecen productos a bajo costo.
Alex Saab y los esquemas de enriquecimiento ilícito
Funcionarios chavistas y empresarios con conexiones políticas utilizaron el programa para enriquecerse y desarrollar esquemas de lavado de dinero. La figura más emblemática de este entramado fue Alex Saab, empresario colombiano señalado como testaferro de Maduro y acusado en Estados Unidos de lavado de dinero vinculado a los CLAP.
Bajo Saab y su socio Álvaro Enrique Pulido Vargas, el programa adquiría alimentos y armaba los paquetes en países como México antes de importarlos a Venezuela, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Empresas estatales venezolanas habrían comprado esas cajas a precios exorbitantemente inflados, en beneficio directo de Saab, Pulido y otros involucrados.
Los fondos destinados a la adquisición de los paquetes también sirvieron para implementar esquemas de sobornos y comisiones ilegales en todo el país. Según una serie de investigaciones del medio Armando.info, los alimentos con frecuencia no eran aptos para el consumo o contenían ingredientes distintos a los declarados en las etiquetas.
Guerrillas, bandas y colectivos: el reparto del botín
El gobierno de Maduro permitió que grupos criminales aliados participaran en la distribución de las cajas, con beneficios tanto para el Estado como para esos grupos.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con operaciones en Colombia y Venezuela, utilizó el programa como herramienta política. En 2018, la organización venezolana Fundación Redes denunció que el ELN controlaba la distribución de las cajas en municipios fronterizos con Colombia y colocaba en los paquetes etiquetas con mensajes a favor del grupo.
Bandas como la de Carlos Capa y el Tren de Aragua también obtuvieron beneficios del programa. Según Transparencia Venezuela, organización no gubernamental que opera desde el exilio, el Tren de Aragua controlaba al menos 66 puntos de distribución CLAP a través de su Fundación Somos al Barrio JK. En lugar de entregar las cajas al precio subsidiado, estos grupos exigían pagos superiores a los beneficiarios.
Los colectivos —grupos civiles armados afines al gobierno— emplearon las cajas con fines tanto criminales como políticos. Durante las elecciones, la infraestructura de distribución se instalaba deliberadamente junto a centros de votación en los llamados "puntos rojos", donde los venezolanos debían renovar su Carnet de la Patria para poder acceder a los CLAP. De esa manera, el gobierno delegó la coerción política en terceros.
Impacto limitado sobre las operaciones criminales
La desaparición del programa CLAP afecta de forma diferenciada a los grupos que lo explotaron. Muchas de las bandas que distribuían las cajas han sido desmanteladas o debilitadas considerablemente por el gobierno en los últimos años.
El ELN, por su parte, cuenta con fuentes de ingresos diversificadas —minería ilegal de oro, tráfico de drogas, extorsión— y no depende de los ingresos derivados de los CLAP para sostener sus operaciones.
Los colectivos son probablemente los más afectados. Históricamente dependientes de recursos estatales que se han vuelto cada vez más escasos, la pérdida de los CLAP podría profundizar su dependencia de la extorsión y otras economías criminales.
La aparente clausura del programa marca el fin de un mecanismo que durante una década combinó asistencia alimentaria, enriquecimiento ilícito, control social y financiamiento criminal bajo una sola estructura institucional.
Source: Google News VE — Crime