Fraude de $938 millones en sueldos de la Armada Argentina: 13 separados del servicio
El almirante Juan Carlos Romay ordenó el relevo de 13 miembros de la Armada tras una denuncia penal por fraude en liquidación de haberes por casi $1.000 millones.
Escándalo en la Armada: 13 relevados por fraude millonario en sueldos
El jefe de la Armada Argentina, el Almirante Juan Carlos Romay, ordenó el pase a disponibilidad y el relevo inmediato de 13 miembros de la fuerza naval en el marco de una denuncia penal por fraude en la liquidación de haberes. Según informa perfil.com, el monto defraudado asciende a $938.574.300,25 netos. La presentación judicial fue radicada por el Capitán de Navío Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la institución, ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Ramiro González.
El desfalco fue perpetrado de manera sistemática entre julio de 2022 y enero de 2026 mediante la alteración manual de los lotes de transferencia del Sistema de Haberes. Involucra inicialmente a un universo de 23 personas. El núcleo de la operación se concentró en cuatro civiles sin vinculación con la fuerza, liderados por María del Carmen Prieto, cónyuge del entonces Jefe del Departamento Revista, el Capitán de Navío Ariel Atanasoff. En sede administrativa, el propio marino reconoció haber ejecutado las maniobras en solitario con el fin de favorecer económicamente a su entorno familiar y afectivo.
El mecanismo del fraude
La modalidad delictiva operaba en el subsuelo financiero de la fuerza aprovechando los márgenes de opacidad que dejaba la liquidación mensual de más de 24.000 haberes. Según la auditoría realizada por una comisión interdisciplinaria, consistía en la modificación manual e intencional de los archivos digitales de pago una vez concluidos los controles ordinarios, y antes de su transmisión definitiva al Banco de la Nación Argentina.
De esa forma se inyectaban suplementos inexistentes y asignaciones duplicadas. Una vez generados los lotes bancarios, los registros eran restituidos a sus valores originales en el sistema local para evitar que los importes irregulares aparecieran en los recibos publicados en el portal Haberes-Web.
Los peritajes contables consolidaron un perjuicio total de $981.148.567,88, distribuidos a través de 645 depósitos irregulares realizados a 23 personas entre julio de 2022 y enero de 2026. Casi la mitad de ese monto —el 44%— fue a parar a cuatro civiles sin relación alguna con la fuerza naval: María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia.
La denuncia precisa que "entre las personas beneficiarias se identificó personal militar en actividad y retiro, personal civil de planta permanente y contratado, personal civil actualmente jubilado y cuatro personas que no poseen vinculación laboral ni funcional alguna con la Armada Argentina".
La confesión del capitán Atanasoff
Al ser descubierto por el Oficial Investigante bajo el Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares, Atanasoff asumió la autoría total de la maniobra. El expediente judicial resguarda su confesión administrativa: "yo decidía las operaciones, los beneficios y los importes". Al avanzar el interrogatorio, el oficial señaló que las ejecutaba personalmente y que "nadie participaba junto con él en la adopción de dichas decisiones". Sobre los motivos del desvío de fondos hacia su entorno, reconoció haber actuado con la única finalidad de "favorecer económicamente a dichas personas".
Una paradoja institucional
El expediente penal expone además una incongruencia en el despliegue inicial de las fiscalizaciones internas. Cuando en febrero de 2026 surgieron las primeras inconsistencias salariales en cinco agentes del Departamento Revista, las autoridades navales creyeron estar ante un error involuntario de liquidación y los implicados devolvieron el dinero.
Al no detectarse indicios que vincularan al Jefe del Departamento con las anomalías, la Dirección de Administración Financiera le encomendó al propio Capitán Atanasoff evaluar e implementar los nuevos mecanismos de control independiente para evitar la reiteración de las irregularidades. De esa manera, el principal sospechoso de la maniobra operó como responsable de fiscalizar su propio sistema delictivo entre marzo y agosto de 2026, hasta que la profundización de los peritajes informáticos detectó el lazo conyugal con María del Carmen Prieto y se ordenó su relevo preventivo.
El caso más grave: la esposa del imputado
El caso de Prieto es el más severo dentro del expediente. No solo figura como la mayor beneficiaria individual —cobró más de 152 millones de pesos en 46 transferencias—, sino que el vínculo conyugal con el Capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, señalado como el cerebro de la operación, expone una connivencia familiar que debilita cualquier línea de defensa basada en el desconocimiento de las maniobras.
Contexto presupuestario
El estallido del escándalo judicial coincide en el tiempo con la difusión de indicadores que revelan que la morosidad crediticia afecta la economía diaria de uno de cada tres militares argentinos. En paralelo, el Ministerio de Economía acaba de enviar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que proyecta una inversión naval de USD 3.500 millones en operaciones de crédito internacional, además de un refuerzo de $217.954 millones destinado a reactivar la Base Naval Integrada de Ushuaia.
Source: Google News AR — Crime