Fraude millonario en la Armada Argentina: 10 militares separados por desvío de $981 millones en sueldos
La conducción de la Armada Argentina apartó a diez militares por una red de corrupción en el sistema de liquidación de haberes que causó un perjuicio comprobado de casi mil millones de pesos.
Diez militares de la Armada, separados por una red de desvío de fondos en el sistema de sueldos
La conducción de la Armada Argentina apartó preventivamente de sus funciones a diez militares involucrados en una trama de corrupción detectada en el sistema de liquidación de haberes, según informó rionegro.com.ar. La medida fue dispuesta por el jefe del Estado Mayor General, almirante Juan Carlos Romay, en simultáneo con el avance de una causa en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, donde se investiga una extensa red de desvíos de fondos públicos hacia cuentas particulares.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, ordenó aplicar la máxima sanción posible dentro del régimen militar para aislar a los acusados del resto de la fuerza. «Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes», afirmó públicamente. Además, instruyó explícitamente a Romay para que, a través de un Consejo de Disciplina, los efectivos sean destituidos de inmediato y que, en el ámbito judicial, «devuelvan el dinero y vayan presos».
La documentación oficial remitida a la Justicia contabiliza un desvío comprobado cercano a los mil millones de pesos. Sin embargo, estimaciones internas sugieren que el perjuicio real podría ser considerablemente mayor.
Cómo se detectó el esquema
Según reconstruyó Infobae, las primeras alertas surgieron en febrero de 2026, cuando una revisión sobre la liquidación de enero detectó cinco acreditaciones incorrectas en el Departamento Revista. En marzo se modificó el circuito administrativo para separar las tareas de liquidación, orden de pago y control bancario. El punto de inflexión habría ocurrido en agosto, cuando auditorías retroactivas detectaron acreditaciones injustificadas a la esposa del entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien fue relevado preventivamente.
En paralelo, La Nación reportó que el quiebre definitivo del esquema se produjo por la negativa de una oficial. Una teniente de navío —también contadora pública en el área de liquidaciones— advirtió el fraude y rechazó recibir un «suplemento» del cual debía devolver la mitad a sus superiores. Según esa fuente, la oficial habría recibido un ofrecimiento de dinero para guardar silencio, pero fue una pieza clave para desencadenar la inspección interna.
La mecánica del fraude
La red de corrupción combinó manipulaciones informáticas con mecanismos tradicionales de desvío. La maniobra principal consistía en explotar el período que existe entre el cierre de la liquidación mensual y el envío definitivo del archivo de pagos al Banco Nación.
Los implicados utilizaban fondos de haberes que debían bloquearse —por baja, retiro o fallecimiento— y que debían regresar a la Tesorería. Antes de que el dinero fuera devuelto, modificaban los archivos para aumentar transitoriamente el monto de una persona determinada o incorporar pagos sin justificación. Luego, tras enviar el archivo al banco, restituían los registros en el sistema interno a sus valores originales, de modo que los montos transferidos no coincidieran con los recibos de haberes oficiales.
Junto a esa manipulación digital operaba un esquema de fraudes más directos. Las actuaciones detectaron la liquidación de falsos viáticos en dólares por misiones al exterior que no se realizaron, o que se continuaron cobrando después de haberse concluido. También se implementó el cobro de «suplementos con retorno»: se liquidaban horas extras o plus por especialidades —como buceo— a efectivos que no cumplían esas tareas, exigiéndoles luego la devolución del 50% de la suma. Además, se investiga el uso de números de CUIL de personal retirado o dado de baja para habilitar «cobros fantasma».
Las cifras y los beneficiarios
El análisis exhaustivo del Banco Nación y la documentación interna permitieron reconstruir 645 acreditaciones indebidas emitidas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto histórico comprobado de $981.148.567,88. Las estimaciones derivadas de la continuidad de la pesquisa interna, a las que accedió La Nación, advierten que el perjuicio final podría rondar los $1.600 millones.
La investigación identificó a 23 beneficiarios: los diez militares apartados y 13 personas ajenas a la fuerza. Cuatro de esos civiles cobraron el 44,25% de todo el dinero desviado, más de $434 millones. El propio capitán Atanasoff manifestó internamente que él definía los beneficiarios, fijaba los importes y ejecutaba manualmente las operaciones para favorecer a terceros y al personal naval involucrado.
La mayor beneficiaria individual resultó ser la esposa de Atanasoff, María del Carmen Prieto, quien sin tener relación laboral con la Armada recibió 46 acreditaciones por un total de $152.259.495,86. Los otros tres civiles que concentraron pagos irregulares fueron Damián Andrés Santana ($99,4 millones), Amalia Cristina Díaz ($91,9 millones) y Natalia Carolina Yahia ($90,4 millones).
Anomalías adicionales en la fuerza
Al interior de la Armada, la pesquisa descubrió situaciones de doble cobro. El capitán de corbeta contador Roberto Eduardo Castro percibió haberes en Argentina en simultáneo con los que cobraba estando destinado en el exterior —un doble pago que requiere vulnerar el bloqueo automático del sistema—. También se detectaron giros a su esposa, Luana Magalí Piedigrossi, mientras ella se encontraba de licencia sin goce de sueldo.
Al quedar expuestos en septiembre, varios oficiales intentaron mitigar su situación restituyendo parte de los fondos. Entre ellos figuran los capitanes de corbeta Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro y Cristian S., cuyos casos continúan bajo análisis judicial y disciplinario.
Source: Google News AR — Crime