Ecuador ordena aprehender a Bucaram tras seis años sin sentencia en juicio por COVID-19
Un tribunal ecuatoriano ordenó aprehender al expresidente Abdalá Bucaram cuando reciba el alta médica, tras seis suspensiones del fallo en el juicio por venta irregular de pruebas COVID.
Tribunal ecuatoriano ordena aprehensión de Bucaram para leer sentencia pendiente desde 2020
El Tribunal de Garantías Penales de Ecuador ordenó la aprehensión del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz en cuanto sea dado de alta médica, luego de que su ausencia impidiera por sexta vez consecutiva la lectura de la sentencia en el juicio por la presunta venta irregular de pruebas para detectar COVID-19. La medida fue adoptada la noche del 3 de septiembre, según reportó infobae.com.
Los jueces dispusieron además que el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional mantenga vigilancia permanente en la clínica de Guayaquil donde, de acuerdo con la familia y los abogados del exmandatario, Bucaram permanece hospitalizado tras una intervención cardíaca realizada el 26 de agosto.
La orden de aprehensión no equivale a una condena ni implica que Bucaram haya sido declarado culpable. Su único propósito es garantizar su comparecencia ante el tribunal para escuchar la resolución de primera instancia. Hasta el 4 de septiembre no existía confirmación oficial de que la Policía hubiera ejecutado la medida.
Los acusados y los cargos
Bucaram, quien gobernó Ecuador entre agosto de 1996 y febrero de 1997, enfrenta el proceso junto con su hijo Jacobo Bucaram, el ciudadano israelí Oren Sheinman y el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito Leandro Berrones. Los cuatro son acusados de delincuencia organizada y mantienen su presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme.
La Fiscalía sostiene que la organización obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización de 21.000 pruebas rápidas, mascarillas, lancetas y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de agosto de 2020. Según la teoría fiscal, la estructura utilizó vehículos, servidores y recursos de la Agencia Metropolitana de Tránsito para transportar la mercadería entre varias provincias, y algunos de sus integrantes habrían empleado uniformes y falsas identificaciones para presentarse como miembros del cuerpo diplomático o de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.
La acusación señala a Berrones y Sheinman como participantes directos, mientras que Abdalá y Jacobo Bucaram son identificados como colaboradores. Parte de los insumos habría sido almacenada en la vivienda del expresidente en Guayaquil; su hijo habría entregado USD 321.600 en efectivo como pago por la mercadería. Esta última afirmación se sustenta, entre otros elementos, en el testimonio de Shy Dahan, ciudadano israelí asesinado en agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral.
Seis intentos fallidos de leer el fallo
La audiencia de juicio logró instalarse el 11 de abril de 2025 tras más de diez diferimientos previos. El procedimiento se desarrolló durante aproximadamente veinte jornadas no consecutivas antes de que el tribunal entrara en deliberación.
El primer intento de anunciar el fallo tuvo lugar el 2 de julio de 2026, pero fue postergado a pedido de la defensa de Bucaram. La audiencia del 3 de agosto no se instaló por la ausencia del juez ponente, Gandhy Cervantes. Cuatro días después faltaron el abogado de uno de los acusados y la traductora de Sheinman, quienes fueron multados.
Las convocatorias del 26 y 31 de agosto fracasaron nuevamente por la hospitalización del exmandatario. En el sexto intento, el 3 de septiembre, los jueces endurecieron las condiciones para impedir una nueva postergación.
Presión institucional y riesgo de prescripción
La fiscal Lidia Sarabia cuestionó la reiteración de las suspensiones y solicitó que se investiguen las circunstancias que han impedido concluir el proceso. En las últimas convocatorias, agentes policiales acudieron al centro médico para verificar el estado de Bucaram, pero informaron que no obtuvieron las facilidades necesarias para comprobarlo directamente.
La familia del expresidente sostiene que la hospitalización es real. Su esposa, María Rosa Pulley, difundió fotografías de la intervención y denunció lo que considera una persecución. Uno de sus hijos aseguró haber entregado a un agente la factura de ingreso y documentación clínica.
La demora acumulada llevó al Consejo de la Judicatura a abrir un sumario disciplinario contra el juez Cervantes para determinar si cometió alguna infracción en la fase final del proceso. La Fiscalía también alertó sobre un eventual riesgo de prescripción, aunque esa posibilidad deberá ser evaluada y declarada judicialmente.
El tribunal deberá convocar nuevamente a los procesados para comunicar su resolución. La sentencia que adopte podrá ser apelada tanto por las defensas como por la Fiscalía.
Source: Google News EC — Crime