Ceuta: 200 denuncias diarias y 16 agresiones sexuales un mes después del Gran Salto
Los juzgados de Ceuta pasaron de 20 a más de 200 denuncias al día tras la entrada masiva de migrantes. Se han registrado 16 agresiones sexuales, siendo las propias migrantes las principales víctimas.
Desbordamiento judicial y ola de delitos en Ceuta un mes después del Gran Salto
Los juzgados de Ceuta registran hoy más de 200 denuncias diarias, frente a las 20 que era habitual contabilizar antes del 30 de julio, cuando alrededor de 80.000 magrebíes y subsaharianos cruzaron la frontera en los denominados días del Gran Salto. Según ha podido saber El Mundo, el incremento equivale a un aumento del 900% en las denuncias presentadas ante los tribunales del enclave, desbordando por completo la capacidad de gestión del sistema judicial.
Entre los delitos más frecuentes figuran robos con violencia, robos con fuerza, ilícitos contra la libertad sexual y delitos contra el orden público. En los 27 días transcurridos desde el Gran Salto se han contabilizado 31 infracciones contra el orden público, entre ellas desobediencia y atentado a agentes de la autoridad.
16 agresiones sexuales, con migrantes como principales víctimas
Desde el 30 de julio se han denunciado un total de 16 agresiones sexuales. Solo en cuatro de esos casos se ha detenido a migrantes vinculados a los hechos, de acuerdo con los datos recabados por El Mundo. Un dato especialmente llamativo es que la mayor parte de las víctimas de estos delitos sexuales son las propias mujeres migrantes que entraron en Ceuta a través de El Tarajal —nadando o caminando por la frontera, que las autoridades marroquíes mantuvieron abierta en determinados momentos del aluvión.
Entre las víctimas figura una menor marroquí de 15 años que denunció una agresión sexual grupal. Hasta el momento no se ha podido identificar a los autores, según pudo recabar este diario. La progresión fue rápida: el 7 de agosto ya se habían denunciado seis agresiones sexuales, con varias menores atendidas por servicios sanitarios; el 18 de agosto, once menores marroquíes habían presentado denuncia por agresión sexual.
El 21 de agosto, la Policía detuvo a un ciudadano marroquí acusado de agresión sexual, denunciada por una mujer de 22 años, en la playa ceutí de Calamocarro —el mismo enclave que el alcalde-presidente Juan Jesús Vivas había ofrecido al Ejecutivo central como posible zona de acogida, según el borrador del Real Decreto aprobado ese martes al que El Mundo tuvo acceso.
Encarcelamientos y expulsiones desde el Gran Salto
El día 12 de agosto se contabilizaban ya nueve migrantes enviados a prisión y dos expulsados por delitos cometidos desde el Gran Salto: cinco por atentado contra agentes de la autoridad y tres por agresiones sexuales —una de ellas con penetración a una menor—. De esos tres últimos, dos pasaron a prisión provisional y uno fue expulsado. Además, figuraban un investigado por tráfico de drogas, otro por allanamiento de morada y otro por lesiones agravadas.
Fuerzas de seguridad en situación de precariedad
Los propios agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado trasladan a El Mundo con regularidad las condiciones en que trabajan. Describen una exposición constante al riesgo en cada intervención con migrantes que, a medida que se les agotan el dinero y los víveres, pueden actuar de forma imprevisible. Las fuerzas del orden señalan que su capacidad se limita a «pastorearlos» y pedirles colaboración, sin poder adoptar medidas más contundentes.
El alcalde-presidente Vivas lleva semanas advirtiendo, tanto a los medios como en foros institucionales, que la seguridad que el Gobierno local reclama al Estado central no es solo para los ciudadanos del enclave, sino también para los recién llegados.
Sin recuento oficial ni mando único durante cuatro semanas
A punto de cumplirse cuatro semanas desde el inicio de la crisis, el Gobierno central todavía no ha elaborado un recuento oficial —ni policial ni del Ministerio de Migraciones— sobre cuántas personas viven al raso en los apenas 20 kilómetros cuadrados de Ceuta. El Ejecutivo maneja habitualmente la cifra de «más de 5.000». Fuentes policiales trasladaron a este diario hace tres días un cálculo diferente: 8.000 personas, distribuidas en 2.000 en la playa del Trampolín, 1.500 en carpas habilitadas, 2.500 menores sin control y el resto diseminado por la ciudad. El Gobierno local eleva esa cifra hasta los 10.000.
La situación ha llevado finalmente al Gobierno a activar la Ley de Seguridad Nacional, después de casi un mes en el que negó la necesidad de un mando único capaz de coordinar todos los recursos del Estado para afrontar lo que el propio alcalde califica de situación extrema. Los en torno a 10.000 migrantes que, según el Gobierno local, malviven en las calles del enclave lo hacen en condiciones de absoluta insalubridad, a la espera de una respuesta expeditiva que, un mes después del Gran Salto, aún no ha llegado.
Source: El Mundo