Caso Kueider: el tribunal de San Martín se declara incompetente y remite la causa de lavado a la Justicia Federal de Buenos Aires
El Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín resolvió el 7 de octubre que no es competente para juzgar el caso de lavado vinculado a Kueider y ordenó remitirlo a la Justicia Federal porteña.
Tribunal de San Martín cede competencia en causa de lavado vinculada a Kueider
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de San Martín resolvió el 7 de octubre que carece de competencia territorial para juzgar la causa por presunto lavado de activos, falsedad documental y otras maniobras vinculadas a una trama de corrupción en la que figuran el exsenador Edgardo Kueider e Iara Guinsel Costa, según informó analisisdigital.com.ar. El expediente fue remitido a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión no absuelve a ninguno de los imputados ni invalida la investigación realizada. Resuelve exclusivamente una cuestión de competencia: qué tribunal debe juzgar los hechos que la Fiscalía llevó finalmente a juicio.
Los acusados y los delitos imputados
El proceso involucra a Juan Carlos Nogueras, Ernesto Javier Rubel, Rodolfo Daniel González, Adriana Cecilia Crucitta, Gabriela Patricia Saint Pierre y Débora María Ferreyra, junto a las sociedades Nopor Service SA, Lectus SA, VIA SPN Logística SA, Felsir Biotecnología SRL y Vijusa Industrial Argentina SA. Kueider y Guinsel Costa también aparecen mencionados en la acusación, aunque su situación procesal quedó vinculada a otros trámites, entre ellos un proceso de extradición.
La acusación describe una organización que, según la Fiscalía, habría realizado durante varios años operaciones destinadas a dar apariencia lícita a dinero de origen ilícito. Entre los hechos imputados figuran operaciones inmobiliarias en Paraná por más de 41 millones de pesos, la adquisición de una camioneta Chevrolet Trailblazer en Concordia, movimientos de dinero a través de cuentas bancarias y el uso de sociedades comerciales como estructuras para ocultar el origen de los fondos.
La Fiscalía también imputa supuestos préstamos documentados falsamente, balances presuntamente apócrifos y la utilización de instrumentos privados reputados falsos. Los delitos precedentes señalados incluyen cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público.
El argumento territorial que inclina la balanza
Los jueces reconstruyeron la acusación trazando un mapa de los lugares donde habrían ocurrido los hechos concretos sometidos a juicio. Las operaciones inmobiliarias se habrían producido en Paraná. La compra de la camioneta, en Concordia. Una parte de las maniobras documentales fue preparada en un estudio contable de Quilmes. Las cuentas bancarias utilizadas para la circulación del dinero estaban vinculadas a una sucursal de esa localidad bonaerense.
La pieza que termina inclinando la balanza hacia Buenos Aires es la estructura societaria de Betail. La sociedad tenía allí su domicilio legal. Sus oficinas fueron allanadas en esa jurisdicción. Allí se produjeron actos societarios que la acusación considera relevantes para el caso. Y ante la Inspección General de Justicia porteña fueron inscriptos y publicitados esos actos.
El recorrido territorial que reconstruye la sentencia abarca Paraná, Concordia, Quilmes, Berazategui y Buenos Aires. San Martín no aparece entre los lugares donde, según la acusación, ocurrió alguno de los hechos que deben ser juzgados. Ese es el punto central que determina la resolución.
El límite a la conexidad en grandes causas de corrupción
La sentencia establece un límite a una de las herramientas más recurridas en las grandes investigaciones de corrupción y criminalidad económica: la conexidad. Los jueces sostienen que la necesidad de investigar una trama como un todo no permite mantener una causa ante un tribunal que no es territorialmente competente para juzgar los hechos concretos elevados a juicio.
La decisión contrasta con los criterios sostenidos durante la etapa de instrucción. La Justicia Federal de San Martín había rechazado en su momento los planteos destinados a desplazar la causa hacia otra jurisdicción, argumentando que los hechos no podían analizarse como episodios aislados. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín había confirmado esa posición.
El vínculo con el caso ENERSA
La historia procesal que llevó la causa hasta San Martín es más compleja. Según pudo determinar analisisdigital.com.ar, el expediente estaba relacionado con otra investigación de mayor alcance conocida como el "caso ENERSA", que indaga posibles pagos indebidos vinculados con el Grupo Securitas y funcionarios de la empresa estatal de energía de Entre Ríos.
Durante esa investigación más amplia, la sede central de Securitas —ubicada en Munro, Partido de Vicente López— fue señalada como el lugar desde donde se habrían organizado y coordinado operaciones que luego se desarrollaron en distintos puntos del país. Ese argumento sirvió durante años para mantener la causa en la jurisdicción de San Martín.
Una vez delimitada la acusación y separado el tramo que fue elevado a juicio, los jueces concluyeron que ese vínculo procesal original no alcanza para sostener la competencia. La causa sigue su curso, pero a partir de ahora bajo la órbita de la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Source: Google News AR — Buenos Aires