Billetes del Bicentenario: exfuncionarios del BCB denunciados por daño económico de Bs 4,5 millones
Solo el 3,8% de un millón de billetes conmemorativos fue vendido. El Viceministerio de Transparencia presentó denuncia penal contra exdirectivos del BCB.
Denuncia penal contra exdirectivos del BCB por impresión millonaria de billetes conmemorativos
El Viceministerio de Transparencia formalizó este martes una denuncia penal ante la Fiscalía contra exfuncionarios del Banco Central de Bolivia (BCB), según informó El Deber. La acción judicial apunta a un presunto daño económico derivado de la impresión de billetes conmemorativos del Bicentenario durante el gobierno de Luis Arce.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, explicó que el 18 de abril de 2024 se ordenó la impresión de un millón de billetes conmemorativos con un costo superior a los 4,5 millones de bolivianos. La justificación fue que su venta generaría ingresos para el Estado boliviano.
Una auditoría posterior reveló que menos del 4% de esas piezas llegó a venderse: exactamente el 3,8%. Un informe presentado en la conferencia de García proyectó que, al ritmo de ventas registrado en los primeros cinco meses de 2026 —un promedio de 270 piezas mensuales—, el saldo restante de 962.115 unidades tardaría aproximadamente 297 años en colocarse.
García atribuyó el fracaso de la operación a la ausencia de cualquier análisis previo: "No se ha efectuado un mínimo estudio técnico ni legal que demuestre la factibilidad de la operación", señaló el viceministro.
Entre los denunciados figuran el expresidente interino del BCB, Edwin Rojas Ulo, todos los miembros del entonces directorio y otros exfuncionarios que ocupaban cargos jerárquicos en la entidad.
La denuncia contempla al menos tres delitos, entre ellos "conducta antieconómica", por considerar que existió una responsabilidad ejecutiva que derivó en un daño económico cuantificable de recursos públicos. García precisó que la acción legal busca no solo iniciar el proceso y determinar responsabilidades, sino también lograr la anotación de bienes que permitan al Estado boliviano recuperar los fondos comprometidos.
Source: El Deber