Caso Hotel Las Américas: citan a Rubén Costas ante la Felcc por operativo de 2009

La Fiscalía citó al exgobernador Rubén Costas para declarar por los hechos del Hotel Las Américas en 2009. Las víctimas exigen sanciones, reparación y disculpas públicas.

Caso Hotel Las Américas: citan a Rubén Costas ante la Felcc por operativo de 2009

Fiscalía avanza en el caso Hotel Las Américas con citación al exgobernador Costas

La Fiscalía emitió una citación para que el exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, preste declaración ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en el marco de la investigación por el operativo policial ejecutado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas. Así lo confirmó Alfredo Saucedo, uno de los denunciantes del caso, en una entrevista difundida por El Deber en el programa ON - Otra Noche con Sissi Añez.

"Tenemos conocimiento que ya hay la emisión de la citación para el exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, para que preste su declaración en la Felcc ante la fiscal", afirmó Saucedo.

Según el denunciante, también fueron convocados Víctor Hugo Velasco y otras personas, quienes figuran entre los primeros citados dentro de las diligencias investigativas. Consultado sobre la posibilidad de una convocatoria al expresidente Evo Morales y al exvicepresidente Álvaro García Linera, Saucedo precisó que, hasta el momento, no se emitieron citaciones contra ambas exautoridades.

Recolección de documentación y requerimientos a instituciones del Estado

La investigación se encuentra en una etapa de recolección de elementos orientada a establecer responsabilidades penales. La fiscal asignada al caso continúa evaluando la documentación presentada y recibiendo declaraciones de víctimas y testigos.

Saucedo anticipó que se gestionarán requerimientos fiscales dirigidos a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Supremo de Justicia, con el propósito de obtener antecedentes sobre la actuación de exfiscales, jueces y otras autoridades durante el gobierno de Morales.

Inspección en el hotel y suspensión de segunda diligencia

El martes 13 de octubre se llevó a cabo una inspección en las instalaciones del Hotel Las Américas. Participaron la fiscal encargada, efectivos de la Felcc, propietarios del establecimiento con sus abogados, representantes de la Procuraduría General del Estado y algunas de las víctimas.

Durante la diligencia, los denunciantes aportaron información complementaria sobre los hechos investigados. Sin embargo, una segunda inspección prevista en el lugar donde, según la denuncia, fue reducido y detenido Juan Carlos Guedes no llegó a concretarse.

"La fiscal repentinamente tomó la decisión de no ir al lugar, suspender, no conocemos las razones", declaró Saucedo. El denunciante señaló que buscarán conocer los motivos de esa determinación en los próximos días.

Víctimas reclaman sanciones penales, reparación y disculpas del Estado

A 17 años de los hechos, Saucedo sostuvo que el principal objetivo de la nueva investigación es establecer responsabilidades individuales y obtener sanciones contra quienes hubieran participado en el operativo. Las víctimas esperan que se cumplan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en particular las referidas a una investigación imparcial y al esclarecimiento de denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas y persecución política.

"Lo que esperamos es que esta investigación sea para sancionar penalmente con la pena que corresponda a cada uno, de acuerdo a su grado de participación", afirmó Saucedo.

Además de las eventuales sanciones penales, los denunciantes reclaman una reparación integral por daños físicos, psicológicos, morales y económicos. Entre sus demandas figuran atención en salud, compensaciones económicas, disculpas públicas y un pronunciamiento oficial del Estado boliviano.

El operativo del 16 de abril de 2009 dejó tres personas fallecidas y dio origen a un extenso proceso penal por presunto terrorismo. Uno de los afectados, Juan Carlos Guedes, permaneció privado de libertad durante aproximadamente 11 años y reclama esclarecimiento de los hechos, atención médica, disculpas públicas y compensación económica.

Por ahora, la Fiscalía continúa reuniendo documentación, testimonios y otros elementos que permitan determinar si existen fundamentos suficientes para formular imputaciones contra posibles responsables.

Source: El Deber

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