Cuatro décadas de Huanchaca: Bolivia ante un narco transnacional y violento
A 40 años del triple crimen que expuso el narco en Bolivia, el país enfrenta sicariato, disputas territoriales y riesgo de narcoestado, según expertos.
Bolivia, cuatro décadas después de Huanchaca: narco descentralizado y amenaza de narcoestado
Hace cuarenta años, la masacre en la meseta de Caparuch reveló que Bolivia albergaba una estructura capaz de instalar una fábrica de cocaína en plena selva, operar una pista aérea clandestina y eliminar a quienes se acercaran demasiado. Hoy, según informa El Deber, el desafío es considerablemente más complejo: redes descentralizadas de producción, tránsito, almacenamiento, lavado de dinero y disputa territorial definen el nuevo escenario.
En 1986, el naturalista Noel Kempff Mercado, el piloto Juan Cochamanidis y el guía Franklin Parada fueron asesinados en Caparuch, donde funcionaba una factoría de cocaína. Dos brasileños fueron condenados, pero los propietarios de la operación y los autores intelectuales jamás fueron identificados. Dos meses después, el diputado Edmundo Salazar Terceros, que investigaba la masacre, fue acribillado sin que nadie respondiera por el crimen.
Cuatro décadas más tarde, Bolivia muestra mayor capacidad operativa antidroga. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reportó 7.546 operativos, 2.187 aprehendidos, 16,29 toneladas de cocaína incautadas y 446 fábricas destruidas. Sin embargo, el escenario criminal es también más sofisticado.
Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, sostiene que Bolivia pasó de producir hoja de coca y pasta base a ocupar un eslabón superior: el procesamiento y la fabricación de cocaína, además de convertirse en ruta para el tráfico internacional. A eso se suman el contrabando, la minería ilegal y el lavado de dinero. Oporto atribuye ese salto a la debilidad estatal, el escaso control territorial y la infiltración de instituciones por grupos criminales. La penetración de la Policía y la Justicia, junto con fronteras permeables, ha erosionado la capacidad de combate.
Santa Cruz ocupa un lugar central en ese mapa por sus fronteras con Brasil y Paraguay. La ciudad se convirtió en refugio para narcotraficantes, según el director de la Fundación Milenio. El caso de Sebastián Marset ilustró la capacidad del crimen organizado para desplegar seguridad, inmuebles y logística aérea. Tras la captura de Marset, el viceministro Ernesto Justiniano advirtió: "Si se agarra un Marset, probablemente otros nueve se están cocinando".
La Policía investiga una disputa territorial activa, con presencia confirmada del Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho. Hasta el 3 de septiembre se contabilizaron 46 fallecidos en 37 ataques con características de ejecución o sicariato. No todos pueden atribuirse directamente al narcotráfico, pero varios responden a hipótesis de ajustes de cuentas y enfrentamientos entre organizaciones.
Para el penalista y exfiscal Joadel Bravo, esa violencia marca la diferencia con el pasado. "En 1986, Bolivia descubrió que tenía narcotráfico; 40 años después, el desafío es evitar que el narcotráfico termine convirtiéndose en una estructura paralela de poder económico, territorial e institucional, lo que instituye en el camino allanado para que Bolivia se convierta en narcoestado", señaló Bravo. La amenaza central, en su análisis, es que esa criminalidad consolide un poder paralelo capaz de competir con el Estado.
La pregunta que dejó Huanchaca —quiénes estaban detrás del negocio y quiénes lo protegían— permanece sin respuesta cuatro décadas después. El desafío sigue siendo el mismo: llegar al dinero, las redes de protección y los responsables que permanecen ocultos detrás de la estructura criminal.
Source: El Deber