Exministro Montaño permanecerá detenido dos meses más en caso El Sillar
La Sala Penal Segunda de La Paz revocó las medidas sustitutivas del exministro Edgar Montaño. El daño económico investigado supera los 425 millones de dólares.

Tribunal revoca medidas sustitutivas para Montaño en caso carretero
Según reduno.com.bo, el exministro de Obras Públicas Edgar Montaño Rojas continuará en detención preventiva durante dos meses más, luego de que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz revocara este viernes la resolución que le había otorgado medidas sustitutivas en el marco del caso El Sillar.
La decisión se adoptó en una audiencia de apelación incidental de medidas cautelares. La Procuraduría General del Estado (PGE), junto a otras carteras de Estado, argumentó a favor de mantener la detención preventiva del exministro. La resolución dejada sin efecto corresponde al Auto N.º 106/2026, emitido el pasado 3 de noviembre.
El tribunal fijó para el 30 de diciembre de 2026 una nueva audiencia de verificación de la situación jurídica de Montaño.
Irregularidades en la construcción de El Sillar
El proceso judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por presuntas irregularidades en la construcción del tramo de doble vía El Sillar, en la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz. Las obras fueron ejecutadas mediante un contrato con la empresa china Sinohydro Corporation Limited.
Entre los aspectos investigados figuran ampliaciones de plazos y modificaciones del trazado original, situaciones que habrían derivado en fallas estructurales en la infraestructura vial.
Daño económico estimado en más de 425 millones de dólares
La investigación apunta a un presunto daño económico superior a los 425 millones de dólares. Los delitos bajo indagación incluyen conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, vinculados a la supervisión técnica y financiera del proyecto.
La Procuraduría General del Estado indicó que continuará ejerciendo su mandato constitucional para defender los intereses del Estado, resguardar los recursos públicos y procurar la recuperación del patrimonio de los bolivianos.
Source: Google News BO — La Paz