Fiscal boliviano Róger Mariaca arrestado en aeropuerto de Santa Cruz tras revocación de visa
El fiscal general Róger Mariaca fue detenido en el aeropuerto Viru Viru dos días después de que EE.UU. le revocara la visa por presuntos vínculos con narcotráfico.

Arresto del fiscal Mariaca en Santa Cruz, dos días después de la revocación de su visa
El fiscal general del Estado boliviano, Róger Mariaca, fue arrestado el miércoles por la noche en el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz, apenas 48 horas después de que el gobierno de Estados Unidos le revocara la visa, según informa elciudadano.com. Junto a él fue aprehendido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.
De acuerdo con el medio digital La Razón, ambos funcionarios fueron «interceptados dentro de la terminal aeroportuaria y posteriormente detenidos», sin que hasta el momento se haya proporcionado una explicación oficial sobre los motivos del arresto.
La decisión de Washington y las acusaciones
El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el lunes la revocación de la visa de Mariaca en el marco de una política de restricciones migratorias contra extranjeros acusados de socavar gobiernos democráticos mediante corrupción o narcotráfico. Las autoridades estadounidenses señalaron que Mariaca habría «abusado de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el tráfico de drogas y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia».
La medida forma parte del mecanismo denominado Escudo de las Américas, impulsado por el expresidente Donald Trump, y también afecta a otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos, además de ciudadanos de Colombia, Ecuador y Perú.
La Razón precisó que estas afirmaciones «reflejan la posición del gobierno de EE.UU. y no constituyen una resolución judicial en Bolivia».
La respuesta de Mariaca antes de su arresto
En una conferencia de prensa celebrada antes de su detención, Mariaca expresó su «sorpresa» ante la noticia y, rodeado de funcionarios de la Fiscalía General, rechazó las acusaciones provenientes de Washington sobre supuestos sobornos vinculados al narcotráfico.
«Respetamos las decisiones soberanas de Estados Unidos, pero esperamos que se respete la independencia de las instituciones en Bolivia», afirmó, invocando el principio de no injerencia.
El fiscal insistió en que Bolivia no interfiere en las decisiones de otros estados y exigió reciprocidad. «Bolivia no tiene la intención, ni la ha tenido, de interferir en las decisiones soberanas de otros estados, pero precisamente porque creemos en la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y el principio de no injerencia en los asuntos del Estado, esperamos el mismo respeto hacia Bolivia, sus instituciones y sus autoridades», declaró, dejando claro que las restricciones migratorias no deberían obstaculizar el trabajo del Ministerio Público.
«No puedo aceptar que el trabajo que he venido realizando como Fiscal General del Estado, cargo otorgado democráticamente conforme a las normas institucionales bolivianas, sea cuestionado por decisiones o declaraciones del exterior», expresó Mariaca, añadiendo que no permitiría que su trayectoria e imagen fueran dañadas sin posibilidad de clarificar los hechos por las vías correspondientes.
El caso Cerimedo y otras investigaciones en curso
Mariaca subrayó que continuaría con todos los procesos de su gestión, incluidas las investigaciones de relevancia internacional, entre ellas las denominadas causas de las "narcomaletas" y del combustible, así como el caso del operador político Fernando Cerimedo, actualmente recluido en Chonchocoro.
Cerimedo, señalado por la Fiscalía boliviana del presunto delito de «tentativa de feminicidio» por supuestamente haber enviado «sicarios» para asesinar a su expareja, la abogada Nadia Beller, también enfrenta causas abiertas por lavado de dinero, violencia doméstica y presunto encubrimiento de vuelos vinculados al narcotráfico.
«Sabemos que algunas investigaciones trascienden las fronteras nacionales, y el caso Cerimedo, por ejemplo, ha generado preocupaciones y repercusiones en diversas esferas políticas, pero ninguna presión política, nacional o internacional, debe obstaculizar la investigación de los hechos que deben ser examinados», enfatizó el fiscal, quien aseguró: «No voy a retroceder ni un centímetro en las investigaciones correspondientes a mi gestión».
Reacciones institucionales y nuevas restricciones anunciadas
El fiscal departamental Alberto Zeballos indicó, según La Razón, que había solicitado a través de la Cancillería información oficial sobre los motivos de la decisión estadounidense y confirmó que continuaría con sus investigaciones.
El caso ha provocado una fuerte conmoción en Bolivia. La Fiscalía General desmintió que Mariaca se hubiera reunido con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de que este fuera extraditado a Estados Unidos, y exigió pruebas que sustentaran tal afirmación. El gobierno boliviano, por su parte, anunció que solicitaría a Washington los antecedentes que respaldan las acusaciones contra Mariaca y otros ciudadanos afectados.
En medio de la controversia, Estados Unidos anunció que impondrá restricciones de visa a otros 20 funcionarios bolivianos, cuyos nombres no han sido divulgados hasta el momento.
Source: Google News BO — La Paz