Gobierno boliviano crea sistema de denuncias contra cobros ilegales en Fiscalía y Policía
El Decreto Supremo 5749 regula la recepción de denuncias por extorsión y cobros ilegales de servidores públicos. El Viceministerio de Transparencia centralizará los casos.
Nuevo decreto regula denuncias por extorsión en instituciones del Estado
El gobierno del presidente Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5749 para regular la recepción y canalización de denuncias administrativas por extorsión, concusión y cobros ilegales de dinero en instituciones públicas, informa El Deber.
La norma se aplica a servidores públicos y exfuncionarios del Ministerio Público, el Órgano Judicial, Derechos Reales, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la Policía Boliviana que hayan incurrido en esas conductas durante actuaciones judiciales o administrativas.
El Artículo 2 del decreto define como conductas denunciables "la exigencia, solicitud, cobro o recepción indebida de sumas de dinero, dádivas, beneficios patrimoniales, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, para admitir, sustanciar, paralizar, dilatar, acelerar, emitir, dejar de emitir o desviar actuaciones judiciales o administrativas".
El Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, quedó designado como la instancia encargada de recibir, registrar, procesar y canalizar esas denuncias. Las presentaciones podrán realizarse de forma escrita tanto en la oficina central como en los enlaces departamentales de esa repartición.
El decreto aclara expresamente que la recepción de denuncias en el Viceministerio no implica revisión de la actividad jurisdiccional, no generará suspensión de plazos ni interferirá en las funciones de otras entidades.
En materia de protección al denunciante, el Artículo 5 establece que podrá aplicarse la reserva de identidad a solicitud del interesado o de oficio. Esa reserva se mantendrá durante todo el trámite administrativo y, si el caso es derivado a instancias penales, el Viceministerio solicitará a la autoridad competente que la protección continúe vigente conforme a la normativa sobre testigos y denunciantes.
La medida se emite pocos días después de la detención del exfiscal general del Estado Roger Mariaca, quien se encuentra encarcelado por presuntamente liderar una organización criminal dedicada a la protección de narcotraficantes. Su arresto derivó además en el hallazgo de millonarias sumas de dinero en efectivo y bienes.
Source: El Deber