Narcoterrorismo en Bolivia: Paz vincula captura de Marset con crisis de 53 días
El presidente Rodrigo Paz afirmó que el narcotráfico infiltró instituciones y movimientos económicos. Relacionó la crisis social con intereses del crimen organizado.
Paz alerta sobre narcoterrorismo en Bolivia ante foro empresarial
El presidente Rodrigo Paz declaró este viernes, ante el foro económico de Cainco, que el narcotráfico ha penetrado instituciones y estructuras financieras del país. Según informa El Deber, Paz sostuvo que la captura del uruguayo Sebastián Marset el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz generó un "desequilibrio" en múltiples niveles de la organización criminal que el acusado había construido en Bolivia.
"En este país hay narcoterrorismo, en este país hay terroristas y hay narcotraficantes", afirmó el mandatario ante los asistentes al foro. Calificó la detención de Marset —posteriormente trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de dinero— como un "punto de inflexión" en la lucha contra el crimen organizado.
Paz detalló que el poder ilegal del narcotráfico alcanzó distintos ámbitos: "El narcotráfico estaba vinculado estrechamente a diferentes niveles de movimientos y de finanzas", señaló. Agregó que esa influencia derivó en "crisis hasta institucionales, porque el narcotráfico alimenta a instituciones".
El mandatario también vinculó la crisis social de 53 días que precedió a la declaratoria del estado de excepción con intereses del crimen organizado. "Los 53 días fueron un intento de romper la democracia y la estructura constitucional del país", afirmó, situando ese conflicto dentro de una ofensiva destinada a frenar las políticas de su gobierno.
La presencia de Marset en territorio boliviano había sido detectada por organismos de inteligencia de varios países a finales de 2022. En julio de 2023, el uruguayo logró eludir un operativo policial en Santa Cruz y permaneció prófugo durante más de dos años bajo identidades falsas. Como consecuencia de esos hechos, funcionarios de Segip y de Migración fueron procesados judicialmente.
Source: El Deber