Oposición acusa a Evo Morales ante la Fiscalía por caso hotel Las Américas en Santa Cruz
Alianza Libre presentó denuncia contra Morales y García Linera por "delitos de lesa humanidad" en el operativo de 2009 que dejó tres extranjeros muertos.
Denuncia por crímenes de lesa humanidad revive el caso del hotel Las Américas
Alianza Libre presentó este viernes ante la Fiscalía General de Bolivia una acusación formal contra el expresidente Evo Morales por "delitos de lesa humanidad" vinculados a un polémico operativo ejecutado en abril de 2009. El diputado Antonio Pino, en representación del partido, entregó la proposición acusatoria en el Ministerio Público buscando iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales —que gobernó entre 2006 y 2019— y el exvicepresidente Álvaro García Linera, según informa El Deber.
Pino declaró ante los medios que Morales "tiene que responder" por los "hechos en contra de los derechos humanos" registrados en ese caso. El diputado afirmó que hubo "ejecuciones sumarias" y que "se ha asesinado a tres personas, pero además se ha sometido a detenciones ilegales y hasta torturas". "Son delitos de lesa humanidad (...) Estamos presentando un legajo importante de pruebas donde constan declaraciones, artículos de prensa y el informe de la CIDH", agregó.
El documento atribuye a Morales y García Linera "responsabilidad penal directa por la decisión, transmisión y conducción política del operativo ejecutado el 16 de abril de 2009" en el hotel Las Américas, ubicado en la ciudad oriental de Santa Cruz, y "por los resultados ilícitos producidos dentro de la estructura estatal activada a partir de esa decisión".
El operativo de 2009 y sus consecuencias judiciales
En abril de 2009, un operativo policial en el hotel Las Américas terminó con tres extranjeros muertos, entre ellos el irlandés Michael Dwyer, y con la detención del croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó. Ambos fueron acusados de integrar una célula terrorista que supuestamente planeaba la secesión de Santa Cruz y un atentado contra el entonces presidente Morales.
En 2015, tras acogerse a un proceso abreviado, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas. Como ya habían cumplido la condena en detención preventiva, abandonaron Bolivia alegando temor por su seguridad y demandaron al Estado boliviano ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad.
Las 39 personas procesadas en el caso sostuvieron que el entonces gobierno de Morales lo impulsó por motivos políticos con el fin de silenciar a líderes opositores de Santa Cruz. El proceso se cerró en 2020 con la absolución de todos los acusados que permanecían procesados, luego de que el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y la Fiscalía boliviana retiraran sus acusaciones.
En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe —solicitado por el abogado Gerardo Prado Herrera y la madre de Dwyer— en el que concluyó que "el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial" en perjuicio de las víctimas identificadas.
Próximos pasos procesales
Si la Fiscalía admite la proposición acusatoria, el caso pasará al Legislativo, donde requerirá el respaldo de dos tercios de los parlamentarios. De ser aprobado, los exmandatarios serían juzgados por el Tribunal Supremo boliviano.
Source: El Deber