Allanamiento a Autopista Central: ocho funcionarios formalizados por fraude en multas TAG en La Granja
La Fiscalía Metropolitana Sur allanó las oficinas de Autopista Central en Las Condes. Ocho funcionarios del Juzgado de Policía Local de La Granja fueron formalizados por falsificación y cohecho.
Fiscalía Sur allana Autopista Central por presunto fraude en notificaciones de multas TAG
La Fiscalía Metropolitana Sur ejecutó este jueves un allanamiento en las oficinas centrales de Autopista Central, ubicadas en la comuna de Las Condes, en el marco de una investigación por fraude vinculado a multas de TAG en el Juzgado de Policía Local de La Granja, según informó biobiochile.cl.
El operativo fue realizado en conjunto con personal del OS9 de Carabineros. El objetivo era recopilar evidencia digital relacionada con la causa.
La semana pasada, ocho funcionarios del mismo juzgado fueron formalizados por los delitos de falsificación de instrumento público y cohecho. La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó hoy la prisión preventiva de seis de ellos; los dos imputados restantes quedaron con medidas cautelares menores.
El fiscal Christian Toledo, de la Fiscalía Sur, explicó el núcleo del presunto fraude: los funcionarios estaban designados como receptores para efectuar notificaciones, pero los registros indicaban que una misma persona se encontraba en distintas comunas de la Región Metropolitana al mismo tiempo.
"Decían que estaban notificando a una persona en la comuna de San Bernardo a las 9 de la mañana y decían que estaban en Colina también a la misma hora, cosa que obviamente no era posible", sostuvo Toledo.
El fiscal detalló el incentivo económico detrás del esquema: por cada notificación realizada, los funcionarios percibían una remuneración adicional a su sueldo de alrededor de 30 mil pesos. En algunos casos llegaban a registrar 10, 20 o 30 notificaciones en una misma jornada.
Toledo subrayó además que muchas personas afectadas por las multas nunca recibieron efectivamente las notificaciones, pese a que los registros indicaban lo contrario. "Esa notificación nunca llegó a manos de las personas que estaban siendo demandadas", precisó.
La formalización contempla tres aristas vinculadas a la falsificación. La primera tiene que ver con la creación de expedientes falsos que no corresponden al registro de ingreso del tribunal. La segunda apunta a la emisión de certificados mediante oficios falsos para requerir información al Registro Civil. La tercera se refiere a los estampados fraudulentos de las notificaciones.
Respecto al delito de cohecho, el fiscal explicó que los funcionarios obtenían, a través de esos oficios falsos, información a la que legalmente no podían acceder sin una causa tramitada en regla.
Los hechos imputados a los ocho funcionarios se registraron entre los años 2019 y 2020. Hasta el momento, no existe un avalúo total del monto defraudado.
Source: Google News CL — Crime