Abogado Arcadio Martínez condenado a 72 meses por ocultar evidencia en URI de Barranquilla
El Tribunal Superior de Barranquilla revocó una absolución y condenó al penalista Arcadio Martínez Pumarejo a 72 meses de prisión y multa de $1.750 millones.
Tribunal de Barranquilla condena a penalista por destruir evidencia y ofrecer soborno a custodio del CTI
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla condenó en segunda instancia al abogado Arcadio Tobías Martínez Pumarejo a 72 meses de prisión por ocultamiento, alteración y destrucción de elemento material probatorio, delito tipificado en el artículo 454B del Código Penal. La decisión, adoptada de manera unánime bajo la ponencia del magistrado Jorge Eliécer Cabrera Jiménez, revocó la absolución que había dictado en primera instancia el Juzgado 14 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, según reportó infobae.com.
Los hechos: un BlackBerry escondido en el cielo raso de la URI
Los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía en Barranquilla, donde Martínez Pumarejo permanecía retenido en calidad de detenido mientras actuaba como defensor de Silvia Gette, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe investigada por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda.
De acuerdo con la plataforma fáctica presentada por la Fiscalía General de la Nación, el procesado aprovechó un descuido de la guardia para ingresar al baño del recinto y esconder un teléfono BlackBerry en el cielo raso. En el proceso, ejecutó acciones mecánicas para fracturar el chasis del dispositivo y partir la tarjeta SIM, con el propósito de impedir la extracción técnica de archivos digitales y registros de llamadas.
Un custodio del CTI lo sorprendió en el acto. En ese momento, Martínez ofreció 100 millones de pesos en efectivo al funcionario para que le permitiera destruir completamente la evidencia y no dejara registro del episodio en los libros de minuta.
La apelación que tumbó la absolución
El juzgado de primera instancia había absuelto a Martínez Pumarejo al considerar que no se configuraba la tipicidad objetiva del delito. La representación legal de la víctima —asumida por la firma de Abelardo de la Espriella a través de la abogada Natalie Arteta— y el Ministerio Público interpusieron recurso de apelación.
Los apelantes argumentaron que el despacho inicial erró al condicionar la existencia del delito del artículo 454B a la valoración previa o trascendencia final del elemento probatorio, cuando la norma penal busca proteger la integridad física de cualquier evidencia susceptible de incorporarse a un proceso judicial.
La Sala Penal del Tribunal Superior acogió esos planteamientos y declaró la responsabilidad del procesado, al verificar la existencia de pruebas directas e indiciarias que demuestran el dolo y la configuración del delito en la manipulación del dispositivo tecnológico retenido.
Pena de prisión, multa millonaria y orden de captura inmediata
Junto a los 72 meses de prisión en establecimiento carcelario, el tribunal impuso a Martínez Pumarejo una multa económica superior a los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente a 1.750.905.000 pesos. La Sala Penal también determinó la improcedencia de subrogados o beneficios de prisión domiciliaria y ordenó la emisión inmediata de una orden de captura a las autoridades policiales para hacer efectiva la privación de la libertad.
Un historial ligado a escándalos judiciales
Arcadio Tobías Martínez no es un desconocido para la justicia colombiana. En 2013 fue grabado y capturado por el CTI cuando entregaba 250 millones de pesos en la cárcel La Picota a Édgar Ignacio Fierro, alias "Don Antonio", exjefe paramilitar, con el fin de que cambiara su testimonio y desvinculara a Gette del crimen por el que era investigada. Precisamente por ese caso —por el que fue condenado por soborno en actuación penal— se encontraba retenido en la URI cuando introdujo el dispositivo celular.
Tras cumplir sus sanciones en ese proceso, el penalista reapareció en el ámbito público al asumir la representación legal de figuras regionales cuestionadas, entre ellas Samuel Santander Lopesierra, conocido como el "Hombre Marlboro", quien resultó mencionado en el caso contra Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro. La condena del Tribunal Superior de Barranquilla añade un nuevo capítulo a una carrera marcada por las intervenciones de la justicia para frenar maniobras de interferencia en procesos penales.
Source: Google News CO — Crime