Fiscalía investiga a siete por lavar dinero del narcotráfico con empresa de ambulancias
La red criminal "La Constru" habría ocultado recursos ilícitos mediante compañías de transporte asistencial en seis ciudades colombianas desde 2015.
Red usó empresas de ambulancias para encubrir dinero del narcotráfico en Colombia
La Fiscalía General de la Nación investiga a siete personas por su presunta participación en una organización denominada "La Constru", que habría lavado dinero proveniente del narcotráfico a través de empresas de transporte asistencial y ambulancias. Según informó infobae.com, los hechos se registran desde 2015 en Mocoa, Cartago, Neiva, Pasto, Popayán y un municipio de Caldas.
El proceso incluye los delitos de lavado de activos, testaferrato y concierto para delinquir. La investigación fue revelada inicialmente por el medio La Patria en la mañana del domingo.
Simulación de servicios y manipulación contable
Según el ente acusador, la red habría simulado la prestación de servicios de salud, adquirido vehículos y alterado la facturación y la contabilidad para ocultar y legalizar recursos provenientes del tráfico de estupefacientes. Una de las sociedades fue constituida en Mocoa el 21 de diciembre de 2015; otra, con sede en Caldas, el 24 de agosto de 2019.
El alias Chamón habría liderado la organización y coordinado sus finanzas. La Fiscalía sostiene que habría constituido ambas empresas con dinero ilícito y ordenado que terceros figuraran como accionistas o propietarios de bienes adquiridos con esos recursos.
Roles de los implicados
El expediente señala distintos niveles de responsabilidad entre los siete investigados. La persona identificada como "Paola" habría actuado como accionista y representante legal de la empresa de Mocoa, además de prestar su nombre para la adquisición de vehículos y otros bienes. "Nata", por su parte, habría sido accionista de la sociedad con sede en Caldas e intervenido en la compra de ambulancias y activos para aparentar un origen legal.
La compañera sentimental de Chamón habría ejercido como representante legal de la empresa de Mocoa y participado en la administración de las sociedades. Un contador y una coordinadora de facturación habrían manipulado registros contables, facturas y finanzas para encubrir el origen de los fondos. Además, un pensionado del Ejército Nacional habría prestado su nombre para adquirir vehículos y bienes muebles con dinero ilícito.
Audiencias y decisiones judiciales
Las audiencias preliminares se realizaron en 2025 ante el Juzgado 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Buga. Ninguno de los imputados aceptó los cargos durante la diligencia. El juzgado impuso detención preventiva en cárcel para la mayoría; a dos mujeres les concedió prisión domiciliaria.
En abril de 2026, la defensa cuestionó la competencia de ese despacho y sostuvo que el caso debía trasladarse a un Juzgado Penal del Circuito Especializado de Mocoa. La Fiscalía se opuso al argumento, al señalar que la organización tenía presencia en varios departamentos y ciudades. La Corte Suprema de Justicia resolvió recientemente que el proceso permanecerá en Buga, con lo que quedan en firme las decisiones del juez.
Ocho detenidos en operativo paralelo por extradición a Estados Unidos
En un caso separado, la Fiscalía capturó el 21 de octubre a ocho personas requeridas en extradición por autoridades de Estados Unidos dentro de investigaciones por presunto narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir. Los operativos tuvieron lugar en Bogotá, Barranquilla, Cajicá y Maicao.
Siete de los detenidos son requeridos por una corte federal de Puerto Rico. Entre ellos figura Guillermo Carpio Cárdenas, conocido como "Guillo" o "Gallo", señalado como posible jefe de la estructura. También fueron capturados Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.
Según la hipótesis de las autoridades estadounidenses, la red habría empleado transferencias a terceros, depósitos fraccionados en montos menores y tokens para mover y ocultar recursos de origen ilícito, con operaciones registradas en Bogotá y Barranquilla.
El procedimiento fue coordinado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, con participación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Armada de Colombia. José Luis Ramírez Hinestroza, director del CTI, indicó que la operación contó con apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI).
Source: Google News CO — Crime