JEP imputa a ocho exmilitares colombianos por genocidio contra la Unión Patriótica
El tribunal de paz de Colombia acusó a ocho exagentes de inteligencia militar por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio contra la UP entre 1985 y 1993.
Ocho exmilitares imputados por exterminio sistemático de partido izquierdista en Colombia
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este miércoles a ocho exagentes de inteligencia del ejército colombiano por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio contra militantes de la Unión Patriótica (UP), el partido de izquierda fundado en 1985 por exguerrilleros de las FARC tras un fallido intento de negociación de paz. Así lo informa elnuevoherald.com.
Más de 5.700 miembros del movimiento fueron masacrados en Colombia entre 1985 y 1993, en el marco de una campaña de terror ejecutada por grupos paramilitares con la participación de fuerzas estatales. Los detractores del partido lo señalaban en ese entonces como el brazo político de la guerrilla, en uno de los periodos más violentos del conflicto armado colombiano.
Según la investigación del tribunal, existió un "aparato criminal clandestino dentro de las unidades de inteligencia estratégica del ejército nacional que recogía información por blancos previamente definidos", señaló Danilo Rojas, presidente de la JEP, en rueda de prensa. "Hacían seguimientos, hacían señalamientos y coordinaban operaciones clandestinas", agregó.
El patrón era consistente: primero se vigilaba a las víctimas en secreto y luego se las asesinaba o desaparecía sin dejar rastro, una metodología repetida en varios puntos del país. La JEP también imputó a los exmilitares por tortura y desaparición forzada de combatientes fuera de combate durante el mismo periodo, mediante prácticas como interrogatorios violentos orientados a debilitar sus organizaciones.
Los magistrados investigaron 27 hechos, concentrados en la capital, Bogotá. El tribunal, creado a partir del acuerdo de paz de 2016 que desarmó a las FARC, juzga los crímenes más graves del conflicto con penas alternativas a la prisión, a cambio de que los responsables reparen a las víctimas y digan la verdad.
La JEP emite actualmente sentencias en medio de una crisis de financiación. El presidente Abelardo de la Espriella, en el poder desde el 7 de agosto y crítico del acuerdo de paz por considerarlo indulgente con los exguerrilleros, impulsó un recorte presupuestal para 2027 que actualmente debate el Congreso.
Source: Google News BO — La Paz