Tribunal de Cundinamarca obliga a seis entidades a frenar estafas del Soat en línea
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a seis entidades del Estado reforzar controles para combatir el fraude virtual en la compra del Soat. La Superfinanciera reportó 2.870 inconformidades entre 2022 y 2025.
Fallo judicial exige estrategia coordinada contra el fraude virtual en la venta del Soat
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a seis entidades estatales adoptar medidas coordinadas para prevenir las estafas vinculadas a la comercialización virtual del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), según informó infobae.com. La decisión quedó plasmada en la Sentencia 181 del 21 de agosto de 2026, emitida por la Sección Primera, Subsección C del tribunal, con ponencia de la magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides.
El fallo concluyó que las entidades demandadas vulneraron los derechos colectivos de los consumidores y la seguridad pública, al no demostrar una respuesta institucional integral frente al problema.
La demanda y las entidades involucradas
La acción popular fue presentada por Camilo Araque Blanco contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa —Policía Nacional— y la Superintendencia Financiera de Colombia.
El demandante solicitó protección de derechos colectivos ante la ausencia de acciones efectivas para identificar y eliminar páginas web, aplicaciones, líneas telefónicas y plataformas digitales utilizadas para suplantar a aseguradoras o intermediarios autorizados. Mediante estos canales fraudulentos se ofrecían pólizas falsas o inexistentes a ciudadanos que buscaban cumplir con la obligación legal de adquirir el seguro.
Más de 2.800 denuncias en tres años
La Superintendencia Financiera registró 2.870 inconformidades por posibles fraudes o suplantaciones en la compra virtual del Soat entre 2022 y el primer semestre de 2025. Los departamentos con mayor concentración de reportes fueron Cundinamarca, con 1.183 casos; Antioquia, con 535, y Valle del Cauca, con 340.
En su análisis, el tribunal examinó las actuaciones reportadas por cada entidad y sus competencias legales en materia de supervisión, seguridad digital, investigación de delitos y protección al consumidor.
Multas a aseguradoras y medidas previas
La Superintendencia Financiera informó haber realizado visitas de inspección, requerimientos a compañías aseguradoras, órdenes administrativas y campañas de educación financiera. También reportó procesos sancionatorios que derivaron en multas: $900 millones a Mundial de Seguros, $500 millones a Seguros del Estado, $500 millones a Suramericana y $700 millones a AXA Colpatria. A La Previsora se le impuso un llamado de atención. Según el expediente, estas decisiones quedaron en firme.
Las órdenes administrativas impartidas en 2023 a cinco aseguradoras incluyeron la suspensión de prácticas de no expedición del seguro, la garantía de una oferta permanente en el territorio nacional y el fortalecimiento de los canales digitales.
Por su parte, la Policía Nacional señaló que la Dijín, con apoyo del Centro Cibernético Policial y en coordinación con la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adelantaba investigaciones para identificar y judicializar a los responsables de la comercialización fraudulenta. Los detalles de esas actuaciones estaban sujetos a reserva legal.
La Fiscalía informó sobre investigaciones activas relacionadas con la emisión ilegal del Soat durante el periodo 2021-2025. No obstante, el tribunal advirtió que los datos estadísticos presentados no permitían establecer resultados concretos en materia de prevención, judicialización o desarticulación de las estructuras dedicadas a estas conductas.
El tribunal cuestiona la falta de coordinación
Para la corporación, las actuaciones acreditadas no demostraron la existencia de una estrategia estatal coordinada, preventiva y permanente que garantizara la adquisición segura del Soat por canales virtuales.
La sentencia señaló que buena parte de las medidas reportadas correspondía a respuestas posteriores a la materialización de los fraudes, y no encontró pruebas suficientes para determinar que las actuaciones institucionales fueran pertinentes, adecuadas y oportunas frente a la magnitud del problema.
El tribunal también cuestionó que algunas entidades alegaran falta de competencia sin acreditar una respuesta conjunta capaz de enfrentar la situación. La providencia destacó que sus funciones, aunque diferentes, guardan relación con la prevención, vigilancia, investigación, control y coordinación frente a los riesgos derivados de la comercialización fraudulenta del seguro.
La corporación indicó que la protección de los consumidores no podía limitarse a recomendaciones para evitar estafas, sino que requería condiciones que permitieran adquirir la póliza mediante canales digitales seguros.
Órdenes concretas a las entidades
La sentencia ordenó a la Superintendencia Financiera formular e implementar, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria del fallo, un plan para garantizar que las aseguradoras ofrezcan canales digitales seguros de adquisición del Soat y adopten mecanismos de detección temprana del fraude. La entidad deberá presentar informes semestrales ante el comité encargado de verificar el cumplimiento de la decisión y reportar los avances de las órdenes impartidas a las aseguradoras en 2023.
A la Fiscalía General de la Nación le ordenó fortalecer las estrategias investigativas relacionadas con los delitos asociados a la comercialización fraudulenta del seguro y consolidar información estadística periódica sobre las investigaciones en curso, con reportes semestrales ante el comité de seguimiento.
Source: Google News CO — Crime