Tribunal indemniza a familia de Guillermo Cano, 40 años tras su asesinato
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobó una conciliación entre el Estado y la familia del periodista Guillermo Cano, asesinado en 1986.
Cuatro décadas después, el Estado reconoce responsabilidad por la muerte de Guillermo Cano
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobó una conciliación entre el Estado colombiano y los familiares de Guillermo Cano Isaza, director del diario El Espectador, asesinado el 17 de diciembre de 1986. Según informa elpais.com.co, el acuerdo reconoce una indemnización por los daños ocasionados por su muerte y por las fallas estatales identificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El acuerdo contempla la entrega de 300 salarios mínimos legales vigentes por perjuicios morales para la esposa y los hijos del periodista. Además, se reconoció una compensación por lucro cesante para la cónyuge y dos de los hijos de Cano, quienes eran menores de 25 años al momento del magnicidio. El monto solicitado por los familiares por este concepto ascendía a $548.737.931, de acuerdo con la providencia.
Cano era reconocido en el país por dirigir uno de los medios de comunicación más influyentes y por su postura crítica frente al narcotráfico, incluyendo su respaldo a la extradición de narcotraficantes.
La CIDH estableció responsabilidad estatal desde 2001
El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997. En 2001, la CIDH declaró al Estado colombiano responsable por vulnerar el derecho a la vida y la libertad de expresión de Cano, así como por los fallos en las garantías de protección. La Comisión estableció que las autoridades tenían conocimiento del riesgo que enfrentaba el periodista y no adoptaron las medidas necesarias para protegerlo.
La CIDH también señaló que los familiares del periodista fueron intimidados, razón por la cual recomendó repararlos. Asimismo, indicó que el asesinato vulneró la libertad de prensa en Colombia.
Más de dos décadas de demora en la reparación
El propio Tribunal cuestionó el tiempo que tomó el Estado para avanzar en la reparación. La CIDH formuló su recomendación de indemnización en 2001; sin embargo, el seguimiento al cumplimiento de esas recomendaciones solo fue reactivado en 2018. Fue en 2026 cuando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó formalmente la solicitud de conciliación.
El Tribunal señaló además que, debido a los defectos en la investigación original y a la falta de reparación efectiva durante años, se justificó la aplicación de los criterios que prevé la jurisprudencia para casos graves de derechos humanos.
El acuerdo tomó como referencia el cargo que Cano ocupaba al momento de su muerte —director de El Espectador— y el salario que devengaba entonces, elementos que sirvieron de base para calcular las compensaciones reconocidas a su familia.
Source: Google News CO — Crime