Tribunal Militar exige pruebas a magistrada de la JEP tras señalamientos de encubrimiento
El Tribunal Superior Militar rechazó las declaraciones de la magistrada Catalina Díaz Gómez, quien afirmó que esa justicia sirvió para "encubrir" casos de derechos humanos.
Choque institucional entre el Tribunal Militar y la JEP por acusaciones de encubrimiento
El Tribunal Superior Militar y Policial le exigió a la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que aporte pruebas concretas para respaldar su afirmación de que la Justicia Penal Militar habría operado como un "mecanismo de encubrimiento" en casos vinculados a graves violaciones de derechos humanos. Así lo reportó infobae.com a partir de información difundida por Blu Radio.
La controversia se desencadenó tras una entrevista concedida por Díaz Gómez a El Espectador, en la que cuestionó públicamente el rol de esa jurisdicción en determinados procesos judiciales.
El rechazo institucional
El Tribunal aclaró que respeta la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y la libertad de expresión de sus integrantes, pero rechazó que las críticas se extendieran de forma generalizada a toda la Justicia Penal Militar y Policial.
"Rechazamos las generalizaciones que califican a toda nuestra jurisdicción como un 'mecanismo de encubrimiento'", señaló la corporación en un comunicado oficial.
La institución sostuvo que una afirmación de ese alcance desconoce el trabajo desarrollado por sus funcionarios y los resultados judiciales obtenidos en los últimos años. Adicionalmente, invitó a Díaz Gómez a presentar las denuncias ante las autoridades competentes si dispone de elementos que acrediten posibles irregularidades o actuaciones contrarias a la ley.
El Tribunal defendió su autonomía e independencia constitucional y afirmó que sus decisiones se adoptan bajo principios de imparcialidad, respeto por los derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y debido proceso. También indicó que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como órgano de cierre de esta jurisdicción, puede dar cuenta de los resultados de las actuaciones adelantadas.
Cifras presentadas como respaldo
Como parte de su defensa institucional, el Tribunal Superior Militar divulgó estadísticas de su gestión entre 2022 y lo corrido de 2026: 536 sentencias condenatorias y 135 absolutorias en segunda instancia.
La corporación precisó que esos fallos no corresponden exclusivamente a delitos directamente relacionados con el servicio militar o policial. Entre los procesos conocidos por la jurisdicción figuran casos de homicidio, lesiones personales y delitos contra la administración pública, entre otras conductas.
Con esas cifras, el Tribunal buscó rebatir la tesis de que la jurisdicción funcionaría de manera sistemática como un mecanismo destinado a obstaculizar investigaciones.
La institución también estableció una comparación con los resultados de la JEP, señalando diferencias relevantes teniendo en cuenta los más de ocho años de funcionamiento de la justicia transicional. No obstante, la información divulgada no incluye cifras concretas sobre las decisiones de la JEP utilizadas para establecer esa comparación, lo que impide precisar cuál es exactamente la diferencia señalada.
El debate de fondo
La respuesta institucional del Tribunal no entra a desvirtuar casos específicos mencionados por la magistrada, dado que la información disponible no precisa cuáles situaciones particulares utilizó Díaz Gómez para sustentar su cuestionamiento.
La discusión se concentra, por el momento, en el alcance general de sus afirmaciones y en la exigencia del Tribunal de que cualquier señalamiento vaya acompañado de datos y pruebas individualizadas.
El enfrentamiento ocurre en un momento de intenso debate sobre el papel de las distintas jurisdicciones frente a conductas cometidas durante el conflicto armado colombiano y sobre las competencias de la justicia transicional frente a la Justicia Penal Militar.
El Tribunal Superior Militar mantiene su rechazo a la generalización formulada por Díaz Gómez y sostiene que cualquier cuestionamiento sobre posibles casos de encubrimiento debe estar respaldado por información verificable y denuncias formales ante las autoridades competentes.
Source: Google News CO — Crime