Acusado de violación en residencia de Albacete enfrenta juicio en Audiencia Provincial
Un hombre bajo tutela de la Junta de Castilla-La Mancha se enfrenta a juicio por una presunta agresión sexual a una joven con discapacidad en una residencia de Albacete en 2022. El Ministerio Fiscal pide siete años de prisión.
Juicio por agresión sexual en centro asistencial de Albacete
La Audiencia Provincial de Albacete está juzgando un caso de presunta violación contra un residente de un centro dedicado a la atención de personas con discapacidad intelectual. Según ABC, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 5 de junio de 2022 en la residencia albaceteña.
El acusado, bajo tutela de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a cargo de la Fundación Futucam, fue declarado judicialmente incapaz de regir su persona. La víctima, de 23 años en el momento de los hechos, tenía una discapacidad intelectual que limitaba su autonomía.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el hombre entró en el dormitorio de la joven mientras dormía y realizó tocamientos y una penetración digital sin su consentimiento. La Fiscalía sostiene que era consciente de sus actos.
El Ministerio Público reclama una pena de siete años de prisión, una prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante quince años y ocho años de libertad vigilada después del cumplimiento de la condena. También pide doce años de inhabilitación especial para actividades que impliquen contacto regular y directo con menores.
Vox exige responsabilidades políticas
El parlamentario regional de Vox Francisco Cobo ha exigido explicaciones al Gobierno de Castilla-La Mancha sobre los protocolos de vigilancia y seguridad de los centros asistenciales. Cobo ha reclamado responsabilidades políticas al presidente autonómico, Emiliano García-Page.
«Un hombre bajo la tutela de la Junta habría agredido a otra residente con discapacidad dentro de un centro donde se suponía que debía estar segura», ha denunciado Cobo. Ha solicitado que se esclarezca qué medidas de supervisión se aplicaban en la residencia y si los protocolos de protección eran adecuados.
Cobo ha señalado deficiencias en la atención a personas con discapacidad intelectual en la región, citando la falta de personal, la masificación y los problemas de gestión como factores que agravan la vulnerabilidad de los residentes. «La primera obligación de una administración es proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos», ha afirmado.
El representante de Vox también ha cuestionado las circunstancias en las que el acusado ingresó en el centro y ha preguntado por las actuaciones previstas para evitar que se repitan hechos similares. Vox reclama que la Junta revise las medidas de protección aplicadas en sus centros de atención a personas con discapacidad.
Source: ABC