Caso de asesinato por atropello llega al Tribunal de Justicia de la UE
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidirá si las víctimas de atropellos intencionados tienen derecho a indemnizaciones equivalentes a las de accidentes de tráfico.
Atropello mortal en Cerdanyola genera litigio europeo sobre indemnizaciones
Según elperiodico.com, un caso de homicidio cometido con un vehículo en Cerdanyola del Vallès ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), donde se decidirá el próximo 15 de diciembre sobre los derechos de indemnización para víctimas de atropellos intencionados. El caso comenzó el 12 de julio de 2020, cuando Adrián J. atropelló mortalmente a su amigo de la infancia Ángel a la salida de una discoteca tras una discusión.
El condenado embistió a la víctima en varias ocasiones mientras salían del local. Ángel murió poco después en el hospital. El conductor circulaba sin carnet de conducir, sin seguro obligatorio, a gran velocidad, con las luces apagadas y bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. En 2022, la Audiencia de Barcelona condenó a Adrián a casi 17 años de prisión por asesinato con alevosía y ordenó al Consorcio de Compensación de Seguros indemnizar a la familia con 353.449 euros.
El conflicto legal surgió cuando el Consorcio recurrió la sentencia, argumentando que la normativa española excluye de indemnización los crímenes cometidos con vehículos cuando este se usa como arma, no como medio de transporte. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) estimó parcialmente el recurso y redujo la indemnización a 235.632 euros al anular un incremento por el uso del coche como instrumento del crimen.
El letrado Álvaro Machado, que representa a la familia de Ángel en el despacho Vosseler Abogados, presentó una alegación ante el Tribunal Supremo señalando que la directiva europea sobre seguros de automóviles exige que todas las víctimas de daños causados por vehículos reciban indemnización equivalente a la del seguro obligatorio, incluso en atropellos intencionados. Machado considera que la normativa española ofrece cobertura inferior y que debe aplicarse la directiva comunitaria.
En abril pasado, el Supremo consideró que existían dudas razonables sobre la interpretación de la normativa europea y elevó una cuestión prejudicial al TJUE para determinar cómo debe interpretarse la norma comunitaria antes de aplicarla en España. Esta cuestión será resuelta el 15 de diciembre próximo.
Desde Vosseler Abogados subrayan que la sentencia del TJUE no solo afectará a este caso concreto, sino que establecerá criterio vinculante para todos los países de la Unión Europea. Machado afirma que, si el TJUE estima sus argumentos, "las familias de víctimas de atropellos intencionados, que se consideran asesinatos, feminicidios o agresiones con vehículo, podrían tener derecho a recibir las mismas indemnizaciones que en un accidente de tráfico convencional", incluso cuando el agresor carezca de seguro.
El especialista considera que este caso puede convertirse en un hito de la jurisprudencia europea en materia de protección a víctimas de violencia. En su sentencia de 2022, la Audiencia de Barcelona detalló que el condenado y la víctima se encontraban en la discoteca cuando se cruzaron con el hermano de Ángel, con quienes mantenían profunda amistad. Pese a ello, tuvieron una pelea y se marcharon por separado.
Fue entonces cuando Adrián J. subió a su coche y atropelló a Ángel por la espalda. Después dio media vuelta y lo arrolló nuevamente cuando la víctima estaba aturdida en medio de la calzada "sin posibilidad de huida o defensa", lo que constituyó una acción a traición. Los magistrados tuvieron en cuenta que el condenado nunca había obtenido el carnet de conducir y circulaba sin seguro y sin luces.
La Audiencia destacó que las víctimas de violencia viaria suelen quedar olvidadas en los procesos penales y remarcó que "es irreparable la pérdida de un ser querido fallecido en un acto de violencia viaria; no siendo compensable económicamente el vacío existencial que provoca". El tribunal señaló que sin la condena del Consorcio como responsable civil solidario, los perjudicados difícilmente percibirían las indemnizaciones reconocidas debido a la insolvencia del condenado.
Los psiquiatras que examinaron a Adrián J. lo describieron como "frío, manipulador, impulsivo, irreflexivo, carente de empatía, inestable emocionalmente y con escaso sentimiento del remordimiento o de la culpa". El tribunal argumentó que la indemnización permitía la protección de las víctimas y sus familias, evitando que la sociedad quedara "desasistida, desarmada e indefensa".
Source: Google News ES — Crime (es)