Ex director adjunto de Policía mantiene defensa del Estado pese a acusación sexual
José Ángel González conserva representación legal estatal en un pleito mientras es investigado por agresión sexual. El caso reabre el debate sobre el trato diferenciado a cargos cercanos al ministro del Interior.
González sigue con abogado del Estado tras acusación sexual
El ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González mantiene la representación de la Abogacía del Estado en una querella interpuesta contra él por el comisario principal Tomás González de la Oliva, según informa El Mundo. Esta defensa persiste a pesar de que González enfrenta una imputación por agresión sexual hacia una compañera de trabajo, delito que motivó su dimisión del cargo.
La decisión del Ministerio del Interior de preservar la representación jurídica del ex DAO en este procedimiento contrasta con la retirada inmediata de esa misma defensa en la causa relativa a la presunta agresión sexual. Fuentes policiales atribuyen la distinción a la naturaleza "mediática" del caso de violencia sexual.
La querella del comisario represaliado
González de la Oliva interpuso la querella tras ser apartado de la jefatura de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) en 2019. Su relevo llegó después de defender públicamente la actuación de los agentes desplegados en Barcelona durante los disturbios posteriores a la sentencia del procés en octubre de 2019. El parecer de González de la Oliva sobre el operativo chocó directamente con el criterio del ex DAO.
Según un informe de Asuntos Internos, se accedió desde la Dirección General de la Policía al sistema informático para borrar un documento favorable que permitiría al comisario recuperar su categoría profesional. La magistrada investiga posibles delitos de prevaricación, abuso de atribuciones, acoso e infidelidad en la custodia de documentos públicos.
Sentencia condenatoria incumplida
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, firme desde el 2 de diciembre de 2025, declaró que la Dirección General había vulnerado el derecho de González de la Oliva a una carrera profesional y lo mantenía ilegalmente en un puesto inferior. El tribunal ordenó su restitución a la categoría de comisario principal.
El 9 de abril de 2026, el nuevo DAO José Luis Santafé se comprometió en una reunión con González de la Oliva a asignarle una plaza acorde con su categoría y nivel consolidado. No ocurrió. En los últimos cinco años, González de la Oliva solicitó 44 vacantes para regularizar su situación sin obtener respuesta.
Recursos agotados y escalada institucional
González de la Oliva dirigió tres escritos al ministro del Interior para solicitar la regularización de su situación laboral, sin obtener respuesta. Tras estos intentos fallidos, recuró al Defensor del Pueblo, quien admitió la queja por reunir los requisitos de procedencia. El comisario lleva años bloqueado en un puesto de trabajo inferior a su cualificación.
En su toma de posesión el 12 de marzo de 2026, Santafé se comprometió a revisar protocolos internos e investigar "hasta sus últimas consecuencias" cualquier abuso o irregularidad en el Cuerpo, priorizando la protección de las víctimas. El Ministerio del Interior declinó hacer valoraciones sobre la información.
El peso de la confianza política
González es hombre de confianza de Fernando Grande-Marlaska. Fue el ministro quien lo ascendió al escalón más alto de la Policía. La decisión de mantenerlo con defensa estatal en la querella vuelve a poner bajo escrutinio la protección que, según críticos, el ministro del Interior dispensa a quienes formaron parte de la cúpula policial de su confianza. Mientras la actuación de González queda sometida a investigación judicial, conserva privilegios asociados a su anterior cargo.
Source: El Mundo