Juez investiga fraude millonario en prótesis del SMS de Murcia
La Intervención del Estado rechaza elaborar un informe sobre el presunto fraude en la compra de material médico por el Servicio Murciano de Salud, estimado en 6,9 millones de euros.
La competencia de auditoría recae en la región
La investigación del caso de fraude en prótesis se complica. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha rechazado el encargo del juez de elaborar un informe sobre el alcance del presunto fraude millonario en la compra de material por el Servicio Murciano de Salud (SMS), según reporta La Verdad. La IGAE argumentó que «la solicitud de auxilio formulada» por el juzgado número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia «excede de su ámbito de conocimiento y competencias».
En un escrito remitido en julio al tribunal, la subdirectora general de Estudios y Coordinación de la Intervención General del Estado, Mercedes Vega, señaló que el control de la actividad económico-financiera de los servicios de Salud corresponde a las Intervenciones Generales autonómicas. Vega argumentó que estas son «los órganos competentes» que «realizan anualmente las auditorías y controles financieros» y que «disponen del conocimiento, la experiencia y la especialización técnica necesarias».
El origen de la investigación
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional propuso en abril examinar a fondo el supuesto fraude. Los agentes adscritos a la Jefatura Superior de Murcia calcularon el importe provisional en 6,9 millones de euros, teniendo en cuenta la documentación sobre gastos sospechosos realizados desde la central de compras del SMS entre 2018 y 2025.
La Inspección de la Consejería de Salud realizó una investigación interna y denunció el caso ante la Fiscalía Regional en noviembre de 2024. Posteriormente, la UDEF inició sus pesquisas. Entre las anomalías detectadas figuran sobrecostes de hasta el 1.287% en materiales médicos específicos —por ejemplo, artículos que pasaron de costar 440 euros a más de 1.400 euros sin justificación—, la adquisición de materiales no autorizados en el catálogo del SMS y la realización de compras por encargo directo sin licitación pública.
Las irregularidades en Cirugía Cardiovascular
Las presuntas irregularidades abarcan la adquisición de prótesis para el servicio de Cirugía Cardiovascular y la sección de Radiología Vascular Intervencionista del Hospital Virgen de la Arrixaca. Estas compras fueron realizadas por la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) de la sanidad pública regional.
Según consta en las diligencias penales, el informe técnico solicitado deberá «determinar la cuantía malversada o defraudada» derivada de «incumplimientos de la normativa autonómica» sobre adquisición de productos sanitarios. El análisis también debe detallar la vulneración de «los procedimientos internos establecidos» para la compra de productos médicos.
Posible recurso a un perito independiente
El juez pidió inicialmente el informe a la Intervención General de la Comunidad Autónoma, que alegó falta de medios y señaló que la competencia correspondía a la Intervención estatal. Con el rechazo de la IGAE, el magistrado deberá tomar una decisión para avanzar en un aspecto clave: conocer el «perjuicio económico sufrido por la Consejería de Salud». Fuentes conocedoras de las diligencias apuntaron a la posibilidad de que el juez recurra finalmente a un perito insaculado, un profesional independiente que emita este importante dictamen.
La IGAE indicó en su comunicación que «el análisis solicitado dependería de aspectos relacionados con las características técnico-sanitarias de los productos» y «las condiciones técnicas del mercado sanitario». Añadió que, además de su falta de especialización, varias Intervenciones autonómicas están colaborando con órganos judicales en procedimientos penales de sus respectivos territorios.
Próximas citaciones y recuperación de fondos
El juez ha citado para los próximos días 4, 5 y 6 de noviembre a doce de los quince investigados. La causa incluye cinco presuntos delitos: cuatro de corrupción y uno contra la salud pública por la supuesta implantación de stents caducados.
En marzo, la Consejería de Salud confirmó que el SMS había recuperado 300.000 euros del presunto fraude y había solicitado a la empresa Logimed la devolución de otros 200.000 euros. En septiembre, el presidente Fernando López Miras insistió en la Asamblea Regional en que su gobierno empleará «todos los mecanismos administrativos y jurídicos disponibles» para rescatar los fondos públicos utilizados indebidamente. La Comunidad está personada en la causa como perjudicada.
Source: Google News ES — Crime (es)