PSOE-A acusa a Moreno de inacción contra el narco mientras elude el desmantelamiento del OCON-Sur
El PSOE-A exige al presidente de la Junta medidas contra el narcotráfico, pero obvia que fue el Gobierno de Sánchez quien suprimió el dispositivo especializado de la Guardia Civil en 2022.
El PSOE-A presiona a Moreno sobre el narco sin mencionar el fin del OCON-Sur
El PSOE-A reclamó este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que adopte medidas concretas frente al narcotráfico y lo acusó de mantener una actitud «hipócrita» y de «no haber hecho absolutamente nada» en sus ocho años de gobierno. Según informa ABC, el secretario de Desarrollo Estatutario de los socialistas andaluces, Mario Jiménez, exigió al Ejecutivo autonómico que active sus competencias en sanidad, educación y justicia, y que abandone lo que calificó como una política de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Jiménez criticó además que el Ejecutivo del PP no ha cumplido su compromiso de crear «una oficina andaluza antidroga para coordinar todas las actuaciones» de la Administración regional en la lucha contra el tráfico de estupefacientes.
Una ofensiva con un punto ciego notable
La crítica socialista presenta, sin embargo, una contradicción de fondo. La persecución policial del narcotráfico corresponde fundamentalmente al Estado, no a la Comunidad Autónoma. La Junta de Andalucía tiene atribuciones relevantes en prevención, asistencia sanitaria, servicios sociales y medios de la Administración de Justicia, pero no dirige ni a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional, los cuerpos encargados de combatir directamente las organizaciones dedicadas al narco.
Es precisamente en ese ámbito donde la ofensiva del PSOE-A resulta más llamativa. El Gobierno de Sánchez decidió en 2022 disolver la estructura específica del OCON-Sur, el dispositivo de la Guardia Civil creado en 2018 para combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. El Ministerio del Interior defendió entonces que sus efectivos, bases y recursos quedarían integrados en las unidades permanentes de investigación de las distintas comandancias.
Las consecuencias del fin del OCON-Sur
La decisión fue polémica en su momento y continúa siéndolo. La Fiscalía Antidroga de Andalucía vinculó en su memoria de 2022 la reducción de procedimientos por narcotráfico en Cádiz a una «menor presión policial» y a la desaparición del grupo operativo OCON-Sur. Las incautaciones de hachís cayeron además de forma significativa respecto al año anterior.
La naturaleza del dispositivo suprimido hace aún más evidente el contraste. El OCON-Sur no era una oficina administrativa ni un programa de prevención de corte autonómico, sino una unidad especializada de la Guardia Civil dedicada a investigar organizaciones de narcotráfico, blanqueo de capitales y crimen organizado. Durante su funcionamiento fue protagonista de numerosas operaciones contra los grandes clanes asentados en Andalucía.
Competencias autonómicas que sí pueden exigirse
Lo anterior no exime a la Junta de sus propias responsabilidades. El propio Jiménez señala en su comunicado áreas en las que el Gobierno andaluz sí tiene atribuciones directas: más medios humanos y técnicos en los juzgados de las zonas más afectadas, medidas de prevención dirigidas a jóvenes y condiciones especiales para cubrir plazas de funcionarios de sanidad, educación y justicia en el Campo de Gibraltar. Son materias perfectamente susceptibles de fiscalización política.
Exigir a Moreno que cumpla con esas competencias es legítimo. Presentar al Gobierno andaluz como el responsable principal de la lucha contra las redes de narcotráfico es otra cuestión.
El Plan Especial del Gobierno central, en vigor
El propio Ejecutivo central mantiene hoy un Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar que abarca seis provincias andaluzas. El V Plan, vigente hasta finales de 2027, contempla para 2026 una inversión de 38,2 millones de euros en refuerzo de plantillas, medios materiales, tecnología e investigación, con Policía Nacional y Guardia Civil como actores principales.
Pese a ello, el PSOE-A concentra su ofensiva en Moreno. Jiménez acusa al presidente de estar «cruzado de brazos» en sus competencias mientras ataca al Gobierno de España, y sostiene que el presidente autonómico utiliza el narcotráfico para desviar la atención de los incendios y de la situación de la sanidad.
La paradoja política
El argumento tiene una lectura política nítida: los socialistas andaluces buscan situar al presidente de la Junta ante el problema del narcotráfico, aunque la competencia policial directa no sea autonómica. Y lo hacen en el momento en que el principal antecedente de una decisión controvertida sobre los medios especializados contra el narco corresponde precisamente al Ejecutivo socialista de Sánchez.
La paradoja es difícil de ignorar. El PSOE reclama ahora más actuación a la Junta mientras el Gobierno central —al que pide a Moreno «diálogo, entendimiento y coordinación»— fue quien optó por sustituir la estructura específica del OCON-Sur por su integración en las comandancias. La Junta tiene obligaciones que cumplir y el PSOE tiene todo el derecho a exigirlas. Pero convertir esa exigencia en una acusación de inacción resulta más difícil de sostener si, al mismo tiempo, los socialistas no asumen la parte de responsabilidad que corresponde a la Administración que manda sobre la Policía y la Guardia Civil. En la lucha contra el narcotráfico hay muchas competencias, pero no todas tienen el mismo peso.
Source: ABC