Tribunal de Cuentas detecta fallos graves en las pulseras telemáticas para maltratadores

El Tribunal de Cuentas alerta de fallos críticos en el sistema de pulseras telemáticas para agresores, con errores de geolocalización y contratos por 102,6 millones.

Tribunal de Cuentas detecta fallos graves en las pulseras telemáticas para maltratadores

Fallos críticos en el sistema de vigilancia telemática de agresores

El Tribunal de Cuentas ha detectado "graves deficiencias" en la contratación y el seguimiento del sistema telemático de medidas de alejamiento destinado a proteger a las víctimas de violencia de género y sexual, según informa elpais.com. El organismo publicó el miércoles un informe tras fiscalizar los contratos firmados por el Ministerio de Igualdad en los ejercicios 2018, 2021 y 2023, este último vigente hasta mayo de 2026. La decisión de supervisarlos se adoptó después de que la Fiscalía General del Estado alertara en su memoria de 2024 de "múltiples fallos" en los dispositivos electrónicos.

Los tres contratos principales alcanzaron un importe total de 102,6 millones de euros. De esa cifra, 42,6 millones correspondieron al contrato de 2023, financiado en parte con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El informe también analiza un contrato menor vinculado al mismo objeto, por valor de 12.706,21 euros.

Sin plan de transición ni continuidad del servicio

El Tribunal de Cuentas señala que los contratos de 2018 y 2021 no contemplaron un plan de transición para garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones, algo que califica de "imprescindible", especialmente en caso de cambio de adjudicatario. El contrato de 2023 tampoco lo preveía inicialmente, lo que obligó a introducir una modificación contractual aprobada en julio de ese año.

La ausencia de ese plan, combinada con el cambio de adjudicataria, generó "deficiencias" que afectaron directamente a la prestación del servicio. En concreto, surgieron "problemas" de acceso a la información histórica proporcionada por la empresa anterior, lo que impidió dar respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes. Esa situación se prolongó hasta octubre de 2024, momento en que el Ministerio de Igualdad puso en marcha actuaciones para coordinar una solución, coincidiendo con un nuevo requerimiento de la Fiscalía.

Errores de geolocalización y baterías deficientes

El informe destaca que las "graves deficiencias" en la ejecución del contrato de 2023 se extendieron "durante prácticamente toda su vigencia". Aunque el Tribunal reconoce que han sido resueltas, afirma que "comprometieron su efectividad durante una parte del periodo fiscalizado".

Los fallos principales afectaron a la fiabilidad de los dispositivos e incluyeron interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de agresores a las víctimas, baterías con baja autonomía y retrasos en las reparaciones. En noviembre de 2025, el Ministerio de Igualdad encargó una auditoría tecnológica externa que "corroboró las vulnerabilidades críticas detectadas en los dispositivos".

La calidad debe primar sobre el ahorro de costes

A raíz de estos hallazgos, el Tribunal concluye que en este tipo de contratos "debe primar sobre todo la calidad en la prestación del servicio por encima del ahorro de costes". Añade que resulta "imprescindible" garantizar en las fases de preparación contractual el uso "de la mejor tecnología disponible que minimice hasta el extremo la posibilidad de que los agresores ejerzan cualquier tipo de violencia sobre las víctimas".

El sistema fiscalizado permite verificar de forma constante que las prohibiciones de aproximación impuestas por la autoridad judicial se cumplen, ya sea como medida cautelar, pena, condición para la suspensión de penas privativas de libertad o dentro de la libertad vigilada. Sus fines principales son garantizar la seguridad de la víctima, disuadir a los agresores de cometer nuevas agresiones y registrar cualquier quebrantamiento de las medidas judiciales.

38 mujeres asesinadas en lo que va de año

En lo que va de 2026, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde el inicio de la estadística oficial en 2003, la cifra asciende a 1.379 víctimas mortales.

El teléfono 016 atiende a víctimas de violencia machista, sus familias y su entorno las 24 horas del día, los 365 días del año, en 53 idiomas. El número no queda registrado en la factura telefónica. También es posible contactar a través del correo electrónico [email protected] o por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden llamar a la Fundación ANAR en el 900 20 20 10. En caso de emergencia, el número es el 112, o bien la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062). Quien no pueda llamar puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Source: Google News ES — Crime (es)

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