UCO investiga fraude en pulseras antimaltrato: Igualdad no realizó seguimiento
La Guardia Civil recopila informes sobre el incumplimiento del Ministerio de Igualdad en el control de los dispositivos telemáticos. El Tribunal de Cuentas alertó de ausencia de reuniones de seguimiento documentadas durante los primeros meses del contrato.
Investigación de la Guardia Civil sobre pulseras antimaltrato
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reunido documentación del Tribunal de Cuentas relacionada con un presunto fraude en las pulseras antimaltrato investigado a instancia de la Fiscalía Europea. Según ABC, el ente público fiscal alertó que el Ministerio de Igualdad incumplió las reuniones periódicas de seguimiento con la empresa suministradora de los dispositivos telemáticos durante la ejecución del contrato.
El Tribunal de Cuentas efectuó una radiografía completa del procedimiento de contratación. Los pliegos preveían celebrar al menos una reunión de seguimiento cada cuatro meses, pero no consta documentación de ningún encuentro entre la Dirección General de Violencia de Género (DGVG) y la adjudicataria en febrero y marzo de 2024, cuando comenzó la ejecución del servicio.
En abril de 2024 figura un documento sobre una presentación técnica de la empresa, pero no consta otra reunión documentada hasta el informe semestral de septiembre de 2024. El Tribunal de Cuentas advirtió que en los primeros siete u ocho meses del contrato el servicio careció de un mecanismo de seguimiento documentado y periódico. Esta deficiencia ocurrió ya bajo el mandato de Ana Redondo en el ministerio, quien sustituyó a Irene Montero.
Problemas de funcionamiento sin solución
En la reunión de octubre de 2024 se constató un riesgo real de "rotura de stock" de dispositivos. La empresa se comprometió a reducir los brazaletes en proceso de revisión a 800 unidades, compromiso que no se cumplió. La tardanza en reparación y sustitución de aparatos provocó que esta cuestión se tratara de forma recurrente en las reuniones, sin que los compromisos de mejora se tradujeran en resultados efectivos.
La DGVG alegó que en abril de 2024 tuvo lugar una reunión de seguimiento, pero el Tribunal de Cuentas aclaró que se trataba únicamente de una presentación técnica. Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, defendió en sus alegaciones del 29 de junio que existían memorias anuales de 2021 y 2022 que acreditaban el seguimiento, así como siete notas y actas de reuniones de la Comisión de Seguimiento.
Monto de inversión y cumplimiento de objetivos
Para financiar la compra de 30.000 pulseras antimaltrato se destinaron 4,6 millones de euros procedentes de fondos europeos. La adjudicación se otorgó a finales de 2023 a la unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas dentro de una licitación más amplia que ascendió a 42,6 millones de euros con impuestos incluidos (35,2 millones sin IVA).
El cumplimiento del objetivo de 30.000 dispositivos estaba "en curso" con 22.800 pulseras operativas desde 2009. La Fiscalía Europea busca ahora aclarar si se cumplieron los pliegos técnicos para recibir estos fondos comunitarios, cuestión sobre la cual el Tribunal de Cuentas había expresado reservas.
Irene Montero, entonces ministra durante la adjudicación del contrato, compartió en su escrito de alegaciones los argumentos de Rosell, afirmando que el ministerio y la DGVG cumplieron todas las tareas de seguimiento y control que representaban "el corazón de la legislatura" en la que desempeñaron sus responsabilidades.
Source: ABC