Perú declara estado de emergencia en cinco penales de alta seguridad por crimen organizado
El gobierno peruano suspende derechos constitucionales en cinco prisiones de máxima peligrosidad durante 60 días para frenar bandas criminales que operan desde las cárceles.
Cinco penales en estado de emergencia para cortar el mando criminal desde dentro
El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia durante 60 días en cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad, según reporta bloomberglinea.com. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM bajo la presidencia de Keiko Fujimori, busca desarticular a organizaciones criminales que, según el Ejecutivo, dirigen actividades ilícitas desde el interior de las cárceles hacia el exterior.
Los penales alcanzados por el decreto son Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad. Juntos concentran cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales en el país, de acuerdo con cifras oficiales.
Suspensión de derechos y control militar en el perímetro
El estado de emergencia abarca también un perímetro de hasta 200 metros alrededor de cada establecimiento. En esa zona quedan suspendidos temporalmente los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
La Policía Nacional mantendrá el orden público en los perímetros exteriores con apoyo de las Fuerzas Armadas. Las operaciones incluirán controles de acceso, labores de inteligencia para prevenir fugas, y vigilancia del espacio aéreo y del espectro electromagnético inmediato de las prisiones. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) continuará a cargo de la administración y custodia interna de los establecimientos.
El gobierno anunció además operativos permanentes para decomisar teléfonos celulares, tarjetas SIM y armas que pudieran estar en poder de los internos.
Inteligencia integrada y redistribución de reclusos
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, señaló que la emergencia no debe limitarse a requisas tradicionales, sino que debe fortalecer la inteligencia penitenciaria. Álvarez planteó integrar los sistemas de inteligencia del INPE con los de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para conocer el funcionamiento interno de las organizaciones y detectar posibles casos de corrupción entre funcionarios penitenciarios.
El ministro anunció también una redistribución de internos según su nivel de peligrosidad y el tipo de delito cometido, con el objetivo de evitar que reclusos de alta peligrosidad compartan espacios con personas que no han cometido delitos violentos. Las autoridades prevén además diferenciar los beneficios penitenciarios según el delito, la peligrosidad y la conducta de cada interno; para integrantes de organizaciones cuyos miembros continúen delinquiendo, esos beneficios podrían ser suspendidos temporalmente.
El Congreso bajo presión mientras la violencia escala
La decisión se produce mientras el Ejecutivo aguarda que el Congreso evalúe su solicitud de facultades legislativas por 120 días para adoptar nuevas medidas contra la inseguridad. El primer ministro Luis Galarreta afirmó que el gobierno continuará actuando mientras espera la respuesta del Parlamento y sostuvo que, con las facultades solicitadas, podrá actuar "con más fuerza".
Entre las propuestas presentadas al Congreso figura la posibilidad de calificar a determinadas organizaciones criminales como "terroristas" y ampliar las herramientas legales del Estado para enfrentar la delincuencia organizada.
La ofensiva ocurre en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad. La tasa de homicidios de Perú aumentó a 10,7 por cada 100.000 habitantes en 2025, frente a 10,1 registrado en 2024, según datos oficiales.
Garantías de derechos pese a las restricciones
El decreto establece que, pese a las restricciones contempladas durante el estado de emergencia, deberán garantizarse los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso, de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las Fuerzas Armadas ya iniciaron el reconocimiento de los perímetros exteriores de los cinco establecimientos. En el penal Trujillo Varones El Milagro, en La Libertad, se realizaron mediciones para determinar el espacio donde será instalado un retén militar.
Source: Google News PE — Crime