Activista Rocío San Miguel absuelta de terrorismo por tribunal venezolano
Un tribunal venezolano absolvió a la activista Rocío San Miguel, acusada de terrorismo y traición. Estuvo detenida desde febrero de 2024.
Tribunal Tercero absuelve a San Miguel de todos los cargos penales
La abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel recibió el viernes una sentencia absolutoria del Tribunal Tercero de Primera Instancia, dos años después de haber sido vinculada a una presunta trama para atentar contra el entonces presidente Nicolás Maduro, según informó independentespanol.com.
San Miguel, acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, publicó en sus redes sociales que el tribunal la declaró "libre de toda responsabilidad penal respecto a los cargos formulados en mi contra". "Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente", señaló la activista hispano-venezolana.
La víspera del fallo, el fiscal general Larry Devoe indicó que el Ministerio Público había solicitado la absolución de San Miguel y otras tres personas tras "un análisis objetivo de los hechos y las pruebas".
La activista, experta en seguridad, asuntos militares y defensa, figuró entre los primeros presos liberados luego de la captura de Maduro en enero, en el marco de una acción militar estadounidense, y tras el anuncio de la presidenta encargada Delcy Rodríguez de excarcelar a un grupo significativo de presos políticos. Con la anuencia del gobierno venezolano, San Miguel se trasladó posteriormente a España, aunque precisó en ese momento que su excarcelación constituía una medida cautelar sustitutiva de la prisión y no una libertad plena.
En mayo regresó a Venezuela con el propósito de impulsar el cierre de su caso en el marco de la Ley de Amnistía, legislación que posibilita la liberación masiva de presos por motivos políticos y que permite a quienes están en el exilio solicitar la amnistía ante los tribunales mediante un representante legal. En la práctica, esa norma impidió que fuese encarcelada a su regreso mientras el caso era sometido a revisión.
San Miguel, de 60 años, había estado detenida en El Helicoide, una cárcel ubicada en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, entre ellas Human Rights Watch, denunciaron en varios informes la práctica de torturas y abusos físicos y psicológicos contra los detenidos en ese recinto. La presidenta en funciones ordenó recientemente su cierre.
La activista dirigió Control Ciudadano, organización no gubernamental fundada a inicios de 2005 para promover la contraloría ciudadana sobre asuntos de seguridad y defensa. Un año antes de su creación, San Miguel había sido despedida del Consejo Nacional de Fronteras tras firmar una lista que buscaba activar un referendo para recortar el mandato del entonces presidente Hugo Chávez. Cientos de personas denunciaron que su aparición en esa lista les costó sus empleos en el sector público.
Source: Google News VE — Crime