EE.UU. acusa a Maduro y Cilia Flores de tortura y violaciones de derechos humanos en Venezuela
Un gran jurado federal de Nueva York amplió cargos contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, sumando conspiración para cometer tortura a las acusaciones previas de narcotráfico.
Gran jurado federal de Nueva York amplía cargos contra Maduro y Cilia Flores por torturas sistemáticas
Un gran jurado federal de Nueva York formalizó este 8 de octubre una acusación reformulada contra Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Adela Flores de Maduro por dirigir durante más de 25 años un sistema de tortura y violaciones de derechos humanos, según informa infobae.com. El nuevo instrumento —identificado como caso S5 11 Cr. 205 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York— constituye el quinto cargo acumulado contra Maduro en esa corte y agrega a los delitos previos de narcoterrorismo la conspiración para cometer tortura, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
La acusación original por narcoterrorismo y tráfico de drogas fue presentada en marzo de 2020. En diciembre de 2025 se extendió con cargos contra Flores de Maduro. Ambos fueron detenidos el 3 de enero de 2026.
Un sistema represivo construido desde 1999
El gran jurado sostiene que entre 1999 y 2025 miles de venezolanos fueron hostigados, detenidos arbitrariamente, torturados o asesinados por agentes del Estado venezolano con el propósito de garantizar la permanencia de Maduro en el poder. La represión se intensificaba, según el documento, durante los períodos de mayor inestabilidad política.
El texto describe a Maduro como conductor directo del aparato represivo: ordenaba qué personas debían ser detenidas y torturadas, recibía informes periódicos sobre el estado de los prisioneros y en ocasiones proponía métodos específicos. Ante la noticia de que un detenido se negaba a hablar, el mandatario hacía una señal con las manos —simulando apretar algo— y decía "apriétenlos más fuerte", según consta en el documento.
Flores de Maduro, por su parte, es señalada como arquitecta del sistema: ayudó a diseñarlo y ordenó que individuos fueran torturados para proteger las actividades ilegales de miembros de su familia.
La acusación identifica además a dos funcionarios venezolanos de alto rango —denominados CC-1 y CC-2— que habrían ejecutado o coordinado directamente los tormentos, y a un tercero, CC-3, que desarrolló métodos de tortura presentados a Maduro para su aprobación.
Métodos documentados caso por caso
El documento detalla con precisión las técnicas empleadas. Un oficial militar venezolano identificado como Víctima-2 fue secuestrado en noviembre de 2013 por órdenes de Maduro y sometido durante dos días a unos 20 choques eléctricos con cable vivo, golpes en piernas, espalda y cabeza, suspensión de manos y pies hasta perder el conocimiento, y simulacros de ahogamiento en unas 30 ocasiones. Fue trasladado posteriormente a un campamento controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio colombiano, donde los interrogadores amenazaron con secuestrar y violar a su hija si no confesaba. Maduro, según el documento, solicitó ver el video de esa confesión forzada y ordenó distribuirlo entre otros funcionarios del gobierno.
En el caso de la Víctima-4, detenida en enero de 2018, CC-1 amenazó con matar al hijo pequeño de la detenida si esta no revelaba el paradero de un disidente, describiendo el color de cabello del niño para demostrar que conocía su identidad. Los agentes aplicaron descargas eléctricas en costados, pies y genitales mientras CC-1 permanecía en las cercanías. Ese mismo disidente fue posteriormente asesinado en una operación de fuerzas de seguridad, luego de que CC-1 transmitiera órdenes de Maduro para ejecutarlo.
Ciudadanos estadounidenses entre las víctimas
La acusación registra también casos de ciudadanos de Estados Unidos torturados en Venezuela. La Víctima-7, un estadounidense detenido en enero de 2022 al ingresar al país, fue trasladado a la prisión de Boleíta Norte, donde recibió descargas eléctricas en brazos, piernas y genitales, fue asfixiado, golpeado, privado de alimentos y agua, e inyectado con una sustancia que le provocó convulsiones. CC-3 presenció personalmente una de las sesiones, rio y se burló de la víctima mientras era electrocutada. La víctima permaneció presa aproximadamente ocho meses y medio antes de ser liberada en octubre de 2022.
La Víctima-9, otro ciudadano estadounidense detenido en enero de 2025, recibió golpes en la cara, la cabeza y el abdomen cada media hora durante dos días consecutivos, lo que le causó una lesión ocular permanente. Estuvo en custodia cerca de un año. Al momento de su liberación, en enero de 2026, CC-3 les advirtió a ella y a otros estadounidenses que no debían declarar que el gobierno venezolano los había maltratado.
Narcotráfico: el Cártel de los Soles y las FARC
La acusación reformulada retoma y amplía los cargos previos por narcotráfico. Según el gran jurado, desde 2006 Maduro y Flores de Maduro utilizaban miembros de sus escoltas de seguridad para supervisar el transporte regular de cargamentos de cocaína de entre 1.000 y 2.000 kilogramos, con cobertura de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Este esquema, denominado Cártel de los Soles, vinculaba al gobierno venezolano con las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, los Zetas —luego reconvertidos en el Cártel del Noreste (CDN)— y el Tren de Aragua.
Poco después de la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro y Flores de Maduro participaron en una reunión con la cúpula de las FARC para saldar una deuda de narcotráfico. Como parte del pago, Maduro acordó vender minas antipersonales y otras armas al grupo guerrillero, sabiendo que incrementarían su capacidad bélica contra Colombia. Las ventas continuaron hasta alrededor de 2015.
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la empresa estatal petrolera, figura también en la acusación como instrumento del esquema criminal, aunque el documento original de la fuente no desarrolla en detalle ese apartado.
Source: Google News VE — Crime