Abogado denuncia "situación de terror" tras ataque armado contra exfiscal Zeballos en penal de Cochabamba

El abogado Mariano Medina alertó sobre la falta de seguridad en las cárceles tras el atentado contra Alberto Zeballos y cuestionó la detención preventiva de su defendido, el exmagistrado Aldo Quezada.

Abogado denuncia "situación de terror" tras ataque armado contra exfiscal Zeballos en penal de Cochabamba

Defensa de Quezada cuestiona imputación del caso Roma tras ataque a exfiscal en El Abra

El abogado Mariano Medina expresó su alarma por el ataque a tiros que sufrió el exfiscal departamental Alberto Zeballos dentro del penal de El Abra, en Cochabamba, y aprovechó para cuestionar las condiciones de detención de los privados de libertad en Bolivia. Según informa El Deber, el hecho ocurrió este miércoles cuando otro interno disparó contra Zeballos al momento en que éste ingresaba a un baño del recinto penitenciario. El exfiscal fue trasladado posteriormente a un centro médico.

"Estamos viviendo una situación de terror, se puede decir, no hay seguridad en ningún aspecto", declaró Medina al referirse al atentado. El jurista lamentó que no se hubieran adoptado medidas preventivas para proteger a Zeballos, quien se encuentra detenido desde el 4 de octubre en el marco de una investigación sobre una presunta red de protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

"Primero está la vida, primero está la salud, primero están sus derechos primordiales. No es posible que se lo deje a la deriva", sostuvo Medina, quien afirmó conocer a Zeballos y lo describió como un profesional joven e intelectual.

Traslado de Quezada y Porras al penal de San Pedro

Medina también cuestionó el traslado de su defendido, el exmagistrado Aldo Quezada, y del exfiscal antidrogas Julio César Porras al penal de San Pedro de La Paz. Ambos fueron aprehendidos en Santa Cruz el domingo 15 de noviembre y llevados a La Paz al día siguiente. Tras una audiencia de varias horas, un juez ordenó seis meses de detención preventiva para los dos en el marco del caso Roma.

La medida se dictó apenas tres días después de que Quezada y Porras recibieran condenas de tres años de prisión por organización criminal en el caso Maletas, mediante procedimientos abreviados. En ese expediente habían permanecido en libertad bajo medidas judiciales antes de ser aprehendidos por la nueva investigación.

El defensor calificó de "arbitraria" la imputación contra Quezada y señaló contradicciones en la causa. Según Medina, una nueva investigación fue abierta en La Paz apenas dos días después de que su defendido compareciera ante un juez y el Ministerio Público en otro proceso, lo que a su criterio habría vulnerado el principio de unidad del Ministerio Público, establecido en el artículo 5 de la normativa procesal penal.

La defensa rechaza la hipótesis fiscal sobre el ascenso de Quezada

Una de las observaciones centrales de la defensa apunta a la tesis fiscal según la cual Quezada habría accedido a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz gracias a su amistad con Rómer Saucedo, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, con el propósito de favorecer al narcotráfico.

Medina rechazó esa versión. Argumentó que Quezada fue incorporado como vocal constitucional en 2019 tras un proceso de evaluación en el que participaron el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional. Además, señaló que Quezada fue elegido presidente del Tribunal Departamental en enero de 2025 por decisión de la Sala Plena de esa institución, y no por designación directa de Saucedo.

"Por ser amigos, ¿ya estamos automáticamente frente a un hecho delictivo?", cuestionó el abogado, al considerar que la relación personal entre ambas exautoridades no demuestra por sí misma una participación criminal.

Sin pruebas de presiones judiciales, según la defensa

Medina negó además que existan elementos que acrediten que Quezada utilizó su cargo para beneficiar a Marset, a sus familiares o a personas de su entorno mediante decisiones judiciales. Recordó que el expresidente del Tribunal Departamental no emitía fallos de manera individual y afirmó que ningún juez ha señalado haber recibido presiones o instrucciones de Quezada para favorecer a algún investigado.

"¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es el elemento que establezca que él protegió al narcotráfico, que se benefició o que participó en un hecho que tenga que ver con narcotráfico?", preguntó el defensor.

Medina indicó que esas observaciones fueron incorporadas en la apelación presentada contra la decisión judicial y manifestó su expectativa de que el tribunal de alzada revise los argumentos de la defensa. También cuestionó la valoración realizada durante la audiencia cautelar: según el abogado, el propio juez habría advertido una ambigüedad relacionada con un supuesto informe técnico cibernético que sustenta parte de la imputación, lo que a su criterio evidencia la ausencia de elementos objetivos suficientes para justificar la medida extrema.

El caso Roma y la investigación sobre Marset

El caso Roma indaga una presunta estructura de protección al narcotráfico desde instituciones estatales bolivianas y posibles actuaciones que habrían favorecido al entorno de Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo. La Fiscalía sostiene que se investigan decisiones fiscales y judiciales que pudieron beneficiar a personas vinculadas a ese ciudadano.

Source: El Deber

Read this article in English