Aguirre exige mano dura contra el crimen organizado en Santa Cruz y pide más policías
La gobernadora en suplencia denunció la infiltración del crimen organizado en instituciones estatales y reclamó al gobierno nacional 5.000 efectivos policiales adicionales.
Santa Cruz clama por más seguridad ante el avance del crimen organizado
La gobernadora en suplencia de Santa Cruz, Paola Aguirre, advirtió públicamente que el crimen organizado ha elegido al departamento como su base de operaciones, y exigió medidas urgentes al gobierno nacional. El mensaje fue lanzado durante el acto de presentación del plan "Frontera Segura 2.0", según informó El Deber.
"Santa Cruz es el motor económico de Bolivia y por eso precisamente el crimen la quiere, por sus carreteras, por su frontera, por su aeropuerto, por su dinero", declaró Aguirre. La autoridad fue enfática: "Que el crimen organizado sepa que no va a seguir encontrando refugio en Santa Cruz".
Violencia que ya no es delincuencia común
Aguirre describió un patrón que, a su juicio, trasciende la criminalidad ordinaria. "Detrás de cada uno de estos hechos hay una misma lógica. Rutas, dinero, armas, corrupción y mucho miedo e incertidumbre en la ciudadanía. Esto ya no es delincuencia común, esto es crimen organizado", señaló.
La vicegobernadora mencionó el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset como ejemplo de la impunidad que reina en el departamento. Según detalló, Marset vivió años en Santa Cruz con su familia, jugaba fútbol con documentos falsos y aparecía en partidos televisados. En 2023 escapó de un operativo y, según ha informado el propio gobierno, poco después le fueron devueltos sus bienes incautados. Actualmente, altas autoridades fiscales están siendo investigadas por haber presuntamente protegido esa red criminal.
"Han venido a instalarse y en muchos casos de manera absolutamente pública e impune", subrayó Aguirre.
Déficit de 5.000 policías en el departamento más poblado de Bolivia
Uno de los reclamos centrales de la gobernadora en suplencia apuntó directamente a la distribución de efectivos policiales en el país. Santa Cruz cuenta con poco más de 5.000 policías, pese a ser el departamento más poblado de Bolivia, con cerca de cuatro millones de habitantes.
Aguirre citó una comparación concreta con La Paz: mientras en ese departamento existe un policía por cada 300 habitantes, en Santa Cruz la proporción es de uno por cada 600. "Nos faltan por lo menos 5.000 policías, señor ministro. 5.000 no es un capricho regional, es una deuda del Estado con el pueblo cruceño", afirmó.
La autoridad pidió al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, impulsar una redistribución de efectivos mediante un plan de asignación progresiva y verificable. También solicitó equipamiento, vehículos e infraestructura para garantizar condiciones de trabajo adecuadas. Aunque valoró el refuerzo policial anunciado para los próximos días, sostuvo que esa medida no es suficiente para cerrar la brecha.
Propuesta: restituir al gobernador el mando operativo de la Policía
Aguirre planteó además una reforma en la estructura de seguridad departamental. Señaló que el gobernador, pese a ser elegido por voto popular y presidir el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, carece de atribuciones para disponer directamente patrullajes en el territorio.
"Lo digo sin titubeos. Queremos que el gobernador vuelva a ser el comandante general del departamento. Comandante para coordinar las fuerzas del orden cuando la vida de los cruceños está en riesgo. Comandante para disponer patrullajes, controles y operativos sin pedir permiso a nadie cuando el crimen golpea", afirmó.
La autoridad aclaró que su propuesta no busca fracturar la institución policial ni restar al Ministerio de Gobierno la conducción nacional de la seguridad. "La policía seguirá siendo una sola institución nacional y el Ministerio de Gobierno conservará la conducción de la política de seguridad. Lo que pedimos es que en el territorio donde está el peligro haya autoridad con voz de mando que articule a todos", argumentó.
Infiltración en la justicia y el sistema institucional
Durante su intervención, Aguirre también alertó sobre investigaciones de la Policía brasileña relacionadas con presuntas irregularidades en el sistema judicial boliviano, entre ellas la desaparición de órdenes de aprehensión contra integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal brasileña.
"El crimen organizado ha penetrado la justicia en nuestras instituciones. Compró silencio, protección e impunidad. Cuando el que debe perseguir protege y el que debe ordenar un allanamiento lo niega, el ciudadano queda solo", sostuvo.
Aguirre remarcó que la lucha contra las organizaciones criminales debe incluir a los funcionarios que hayan decidido protegerlas. "Para erradicar el crimen de las calles primero hay que erradicar el crimen de las instituciones", concluyó.
La gobernadora en suplencia indicó asimismo que la Gobernación trabaja en la incorporación de tecnología e inteligencia como parte de una respuesta integral a la crisis de seguridad en el departamento.
Source: El Deber