Bolivia: 1.748 muertos en tránsito y 67 feminicidios, violencias ignoradas por el Estado
El Deber publica un análisis sobre las violencias invisibilizadas en Bolivia: siniestralidad vial, feminicidios, muertes mineras y consumo de drogas quedan en segundo plano.
Violencias que matan sin respuesta estatal proporcional
El Deber publica un análisis del criminólogo Alejandro Colanzi sobre las violencias que, en Bolivia, acumulan víctimas sin recibir una reacción estatal equivalente a su magnitud.
En 2024 murieron 1.748 personas en accidentes de tránsito y otras 15.817 resultaron heridas. Entre enero y septiembre de ese mismo año se registraron 32.444 denuncias de violencia contra mujeres y menores, de las cuales 23.397 corresponden a violencia intrafamiliar. Hasta octubre se contabilizaron 67 feminicidios. Solo en las minas de Potosí fallecieron 115 trabajadores hasta septiembre.
Colanzi señala que el narcotráfico ocupa históricamente un lugar central en la agenda de seguridad del Estado boliviano —reforzado ahora por el operativo Escudo de las Américas— y que esa prioridad termina por invisibilizar otras formas de violencia que también matan, mutilan y destruyen familias.
Carreteras y minas: omisión con consecuencias
Las carreteras y calles son responsabilidad de distintos niveles del Estado. Sin embargo, circulan vehículos sin luces de freno, con señalización deficiente o con cargas que dificultan advertir su presencia. En los peajes hay presencia policial, pero los controles preventivos son escasos. No todas las muertes son imputables al Estado, sostiene Colanzi, pero muchas podrían evitarse con fiscalización efectiva.
En la minería, trabajadores ingresan a los socavones expuestos a accidentes, enfermedades pulmonares y desprotección laboral, en plena bonanza de precios de minerales. El cooperativismo minero, señala el autor, ha demostrado capacidad para establecer alianzas con gobiernos de distinto signo ideológico: desde el MAS hasta el gobierno de Jeanine Áñez y, posteriormente, la administración de Luis Arce. Esa transversalidad política lleva a preguntarse si prevalecen las convicciones ideológicas o la defensa de intereses económicos.
Violencia de género y drogas en sectores vulnerables
Las 32.444 denuncias por violencia contra mujeres y menores muestran una victimización que no se limita a los feminicidios. Colanzi subraya que castigar después del crimen no es suficiente: el desafío consiste en prevenir, proteger a las víctimas y evitar su revictimización.
En materia de consumo de drogas, el análisis no se restringe a marihuana o cocaína. Señala la presencia de pasta base, pitillo y clefa entre poblaciones marginadas. La inhalación de clefa entre niños y adolescentes en situación de calle representa, según el criminólogo, una doble tragedia: dependencia y abandono simultáneos.
El poder de decidir qué violencia importa
Colanzi identifica un patrón común en estos fenómenos: el poder de definir qué violencia merece atención prioritaria y cuál puede continuar produciendo víctimas sin respuestas suficientes. "No siempre es necesario ocultar una tragedia. Basta con acostumbrarnos a ella", escribe.
Desde la victimología, el autor amplía la mirada criminológica más allá del delincuente y del castigo, para incluir a los muertos, sobrevivientes, mutilados, familias destruidas y quienes cargarán consecuencias físicas y psicológicas de por vida.
La Constitución boliviana obliga al Estado a proteger la vida y la integridad de las personas. Las omisiones en ese deber, advierte Colanzi, pueden generar responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales.
"El problema no es solamente cuántos delincuentes consigue capturar el Estado, sino cuántas víctimas consigue evitar", concluye. "La violencia invisibilizada no es aquella que nadie ve. Es aquella que todos conocemos, pero que seguimos permitiendo."
Alejandro Colanzi es criminólogo.
Source: El Deber