Caso Sidacta: Bolivia pagó 191 millones de euros en radares que no funcionaron
El Ministerio de Defensa presentó querella penal contra cuatro exministros y 15 personas por el caso radares. Se abonó el 96,7% del contrato sin recibir los equipos en condiciones.
Querella penal por el caso Sidacta: pagaron casi todo y recibieron poco
El Ministerio de Defensa presentó este jueves una querella penal ante la Fiscalía contra cuatro exministros y otras 15 personas en el marco del caso radares o Sidacta —Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo—, según informó El Deber. El ministro Ernesto Justiniano respaldó la acción judicial con datos de una auditoría que revela un pago de 191 millones de euros por un sistema que nunca funcionó a plena capacidad.
"Se pagaron 191 millones de euros y no hemos recibido lo que corresponde", afirmó Justiniano en el programa ON-Otra Noche con Sissi, emitido por El Deber. El funcionario aclaró que la cuestión central no es si los radares operan o no en la actualidad, sino que "nos entregaron algo que no era lo que se pagó".
Sólo dos radares funcionaban correctamente
La auditoría citada por el ministro detalla el estado de los 13 radares contratados: dos funcionaban correctamente, nueve presentaban deficiencias operativas y dos estaban completamente inactivos. A pesar de ese cuadro, Bolivia llegó a pagar el 96,7% del monto total acordado, con apenas cuatro millones de euros pendientes de abono.
"La pregunta es por qué se llegó a pagar tanto dinero si hubo una serie de inconvenientes que están reflejados en la auditoría", señaló Justiniano. El daño probable calculado asciende a 1.478 millones de bolivianos, de acuerdo con la misma auditoría.
Del plazo de 31 meses a casi diez años de espera
El contrato original estipulaba la entrega del servicio en 31 meses. Mediante siete adendas sucesivas, ese plazo se extendió primero a 82 meses y luego a 98. La primera prueba del sistema se realizó 98 meses después de recibir la aprobación para proceder, "casi el triple de tiempo que se había acordado", según Justiniano.
El exministro Ferreira defiende su gestión y desafía a la Justicia
Reymi Ferreira, ministro de Defensa entre 2015 y 2018, compareció también en el programa de El Deber para explicar los detalles del contrato suscrito durante su gestión. Afirmó que el proyecto original preveía 18 radares y un costo de 350 millones de dólares, y que fue su administración la que lo redujo a 191 millones de euros al eliminar los radares destinados a la zona andina, argumentando que el narcotráfico no utiliza esas rutas.
"Se quería parar el corredor aéreo del narcotráfico. Es un proyecto que se aprueba por una ley del año 2014", explicó Ferreira. Sostuvo que durante su gestión solo se realizaron dos modificaciones al contrato, ambas de carácter administrativo, sin alteración de plazos ni aumento de precios.
Por ello, Ferreira calificó la denuncia de "política" y descartó contratar defensa legal privada. "No voy a contratar a un abogado. Voy a pedir que me pongan de oficio un abogado y voy a ir. Yo no tengo problema. Me voy a defender. Pero no voy a parar un abogado. Mantengo la conciencia tranquila. A mí no me asusta la cárcel", declaró.
El caso Sidacta representa uno de los contratos de mayor envergadura en la historia reciente de Bolivia, con 191 millones de euros comprometidos para modernizar la defensa aérea nacional y el control del tráfico aéreo.
Source: El Deber