Cuatro funcionarios en prisión preventiva por presuntos vínculos con red de narcotráfico ligada a Marset
Un juez envió a cárceles distintas al ex fiscal general Mariaca y tres funcionarios más, investigados por proteger al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Ex fiscal general y tres funcionarios, a cárceles separadas por seis meses
Róger Mariaca, ex fiscal general del Estado, el fiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio fueron enviados a prisión preventiva este sábado 3 de octubre, tras una audiencia cautelar que se prolongó más de 14 horas. Según informa El Deber, la resolución judicial se conoció pasados algunos minutos de las 05:00 de la mañana.
El juez dispuso que cada investigado sea recluido en un centro penitenciario distinto: Mariaca irá a la cárcel de Cantumarca, en Potosí; Zeballos a El Abra, en Cochabamba; Irusta a Patacamaya, en La Paz; y Aparicio a Chonchocoro, también en La Paz. Los cuatro permanecerán en La Paz mientras se coordina el traslado a cada centro de detención.
La Fiscalía había solicitado seis meses de detención preventiva para los cuatro imputados y pedía que Mariaca, Zeballos e Irusta fueran recluidos en el penal de San Pedro, y que Aparicio fuera enviado a Patacamaya. El juez acogió la medida cautelar, aunque distribuyó los destinos de forma diferente a lo solicitado.
El juez rechaza el juicio de responsabilidades para Mariaca
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue el planteo de la defensa de Mariaca, que argumentó que, por haber ejercido como fiscal general, correspondía aplicar el régimen especial previsto en la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público.
El juez rechazó ese incidente. Citando el artículo 12 de esa misma ley, concluyó que los delitos atribuidos —tráfico de sustancias controladas y organización criminal, entre otros— son de naturaleza común y que no se acreditó que se tratara de delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas. En consecuencia, determinó que Mariaca sea procesado por la vía ordinaria. La defensa anunció que apelará la resolución.
El juez también declinó competencia territorial al considerar que los hechos investigados se habrían desarrollado principalmente en Santa Cruz, y ordenó que los antecedentes sean remitidos al juzgado competente de ese departamento. No obstante, estableció que la etapa cautelar podía continuar en La Paz para no afectar los derechos de los investigados.
La hipótesis fiscal: protección institucional al narcotráfico
La Fiscalía sostiene que los cuatro imputados habrían formado parte de una estructura que proporcionaba protección institucional a organizaciones vinculadas con el narcotráfico, específicamente en favor del ciudadano uruguayo Sebastián Marset. Según la imputación, esa supuesta protección habría facilitado el almacenamiento, ingreso y salida de sustancias controladas, además de brindar información anticipada sobre operativos policiales.
Entre los elementos presentados por el Ministerio Público figuran informes policiales, información atribuida a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), antecedentes provenientes de Estados Unidos, material audiovisual, dispositivos electrónicos y dinero incautado durante las aprehensiones.
Uno de los aspectos más destacados de la imputación es la alegada existencia de pagos de hasta 500.000 dólares mensuales que Marset habría realizado a cambio de protección e información. El documento fiscal califica esos desembolsos como un supuesto "alquiler de protección" e indica que la red habría involucrado distintos niveles del aparato estatal, entre ellos el entonces Ministerio de Gobierno, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y, posteriormente, la Fiscalía General del Estado.
La imputación incorpora también una entrevista realizada a Marset el 13 de marzo, antes de ser entregado a la DEA, en la que el uruguayo hace referencia a Mariaca y afirma haberle pagado para recibir información sobre posibles operativos en su contra. La Fiscalía utiliza esas declaraciones, junto con otros informes, videos y diagramas de vínculos, para sustentar su hipótesis.
Roles atribuidos a cada imputado
Según la imputación fiscal, cada uno de los cuatro investigados habría cumplido una función específica dentro de la supuesta red. A Mariaca se le atribuye un rol de "protección y ayuda" durante su paso como fiscal departamental de Santa Cruz y luego como fiscal general del Estado. A Zeballos se le asigna un papel similar desde la Fiscalía Departamental. Aparicio tendría a su cargo presuntas tareas de protección y ayuda desde la Policía, mientras que a Irusta se le atribuye una función operativa dentro del Ministerio Público.
La investigación retoma además el operativo del 29 de julio de 2023, cuando Marset logró escapar de un despliegue policial en Santa Cruz antes de poder ser capturado. La Fiscalía sostiene que una posible filtración de información habría permitido al narcotraficante anticiparse a las acciones de las autoridades, y vincula ese episodio con la supuesta estructura de protección institucional.
La imputación no constituye una sentencia ni establece responsabilidad penal. Todos los elementos presentados deberán ser sometidos a investigación y valoración judicial en el marco del proceso que continuará en Santa Cruz.
Source: El Deber