Detención de Mariaca expone presuntos pagos y acuerdos en su elección como fiscal general
La detención del ex fiscal Róger Mariaca reabrió el debate sobre su elección en 2024, con acusaciones de pagos por votos y presiones políticas en la Asamblea.
Acusaciones cruzadas tras la detención del ex fiscal Mariaca
La detención de Róger Mariaca, quien como fiscal general habría liderado una red de protección al narcotráfico, reavivó la controversia en torno a su designación en 2024. Legisladores y exlegisladores que participaron en su elección intercambian acusaciones sobre presuntos pagos por votos, amenazas y acuerdos políticos que habrían facilitado su acceso al Ministerio Público, según informa El Deber.
La polémica estalló a partir de las declaraciones de la exdiputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero, quien acusó a dirigentes de esa alianza y al actual diputado de Unidad, Carlos Alarcón, de respaldar a Mariaca pese a las irregularidades que, según ella, rodearon el proceso. Campero afirmó además que recibió presiones para retirar una acción de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el objetivo de frenar esa elección en la Asamblea.
"Un alto dirigente de Comunidad Ciudadana me llamó por encargo de Alarcón. Me dijo: 'Luciana, por favor, retira el recurso. Carlos Alarcón me dio su palabra. Mariaca no tiene los dos tercios'", relató Campero. "Confié y retiré la acción", añadió, en referencia a un episodio ocurrido hace casi dos años en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) controlaba ambas cámaras.
Alarcón negó las acusaciones de forma categórica. "Esta exdiputada se está inventando y niego totalmente lo que ella dice", declaró al medio. Recordó que CC calificó de "desatino total" recurrir a magistrados del TCP con mandato prorrogado, y sostuvo que Campero retiró el recurso al advertir que su propia actuación la deslegitimaba.
El diputado y otros exlegisladores involucrados argumentan que acudir a esos magistrados implicaba reconocer su autoridad. Señalaron además que esa continuidad institucional habría favorecido también la permanencia del entonces fiscal general Juan Lanchipa, cuyo mandato estaba próximo a concluir.
Pese a sus diferencias, Campero, Alarcón y el exjefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, coinciden en señalar una articulación política detrás de la designación de Mariaca. Según sus versiones, sectores del MAS vinculados al evismo y al arcismo, disidentes de CC y representantes de Creemos habrían sumado fuerzas para concretar su nombramiento.
El 21 de octubre de 2024, Mariaca fue elegido fiscal general con 115 votos de 161 asambleístas presentes. Sus críticos atribuyen ese resultado a un presunto "acuerdo de impunidad" para controlar la Fiscalía, una denuncia que hasta ahora no ha sido probada.
Campero aseguró que operadores políticos repartían pagos y bolígrafos de tinta borrable para garantizar los apoyos. De acuerdo con su relato, algunos asambleístas fotografiaban sus votos antes de salir a "cobrar".
Urquidi sostuvo que en el Parlamento era un secreto a voces la presencia de un equipo que gestionaba votos para Mariaca mediante dinero y prebendas. "Puedo asegurar que sí hubo dinero y otro tipo de prebendas de Mariaca y de su equipo operador dentro de la Asamblea", declaró a El Deber.
El exjefe de bancada añadió que ya circulaban señalamientos sobre presuntos cobros ilegales y protección al narcotráfico durante la gestión de Mariaca al frente de la Fiscalía de Santa Cruz. A pesar de esos antecedentes, el candidato superó la evaluación de la Comisión Mixta de Justicia y quedó incluido en la lista final de habilitados.
Para Urquidi, Mariaca representaba la apuesta de sectores del MAS por "proteger y resguardar los intereses políticos" del partido. Su testimonio vuelve a poner en debate los respaldos parlamentarios que hicieron posible aquella elección, cuestionada por las denuncias de presuntos pagos.
Source: El Deber