Doce exautoridades de Arce ante la justicia al cumplirse un año del cambio de gobierno
Cuatro exministros del gobierno de Arce fueron enviados a prisión por casos de corrupción. El expresidente lleva cerca de 11 meses detenido preventivamente en La Paz.
Un año después: exministros encarcelados y el expresidente bajo detención preventiva
Al cumplirse el primer aniversario del relevo entre Luis Arce y Rodrigo Paz, al menos doce exautoridades del gobierno anterior enfrentan procesos judiciales por presuntos actos de corrupción, informa El Deber. El expresidente lleva cerca de once meses en detención preventiva en la cárcel de San Pedro, en La Paz, desde diciembre de 2025.
Arce afronta una investigación vinculada al Fondo Indígena, relacionada con decisiones que tomó como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales. En septiembre, un juez rechazó su solicitud de libertad. La organización Transparencia denunció además irregularidades en 3.177 proyectos, con un daño estimado en Bs 3.197 millones, cifras que permanecen bajo investigación.
La causa judicial alcanza también a su familia. Su hijo Luis Marcelo Arce Mosqueira se encuentra recluido en Palmasola por presunta legitimación de ganancias ilícitas; el 26 de octubre le ampliaron la detención preventiva por 40 días adicionales. Su hermano Ernesto Rafael también está siendo investigado.
Exministros con sentencias y detenciones
Juan Santos Cruz, exministro de Medio Ambiente y Agua, fue condenado en abril a diez años de prisión por el caso Coimas. La sentencia estableció un daño superior a Bs 19 millones por cobros ilegales vinculados con contratos públicos. El caso trascendió las fronteras: una misión de eurodiputados visitó Bolivia a finales de octubre y el embajador europeo Jaume Segura confirmó que la oficina antifraude de la Unión Europea, OLAF, solicitó información sobre posibles irregularidades en proyectos de agua financiados con recursos de cooperación internacional.
Edwin Characayo, exministro de Desarrollo Rural, recibió en 2022 una condena de ocho años por cohecho, tras ser sorprendido recibiendo 20.000 dólares. Posteriormente le fue concedida detención domiciliaria.
Édgar Montaño, exministro de Obras Públicas, fue enviado a la cárcel de San Pedro en el marco de las investigaciones sobre la doble vía El Sillar; en mayo se le impuso una nueva detención preventiva. Néstor Huanca, exministro de Desarrollo Productivo, ingresó a Patacamaya en enero por presunta corrupción en la venta de harina subvencionada de Emapa. La orden inicial fue de cuatro meses, aunque no se confirmó una prórroga posterior. Su sucesor, Zenón Mamani, recibió arresto domiciliario.
Edmundo Novillo, exministro de Defensa, fue aprehendido por el caso Radares, con un presunto daño de Bs 1.478 millones; luego pasó a arresto domiciliario. César Siles, exministro de Justicia, afronta una acusación por el caso Consorcio. Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno, es buscado por presuntos nexos con el narcotraficante Sebastián Marset; la Fiscalía informó de una alerta roja en su contra. También se investiga a la empresa B-Agro por pérdidas de Bs 101 millones.
El Deber subraya que ninguna imputación supone culpabilidad.
El reclamo de institucionalización
El constitucionalista José Luis Santistevan advierte que la corrupción en el Estado va más allá del tratamiento judicial y tiene que ver con la recuperación de la institucionalidad. Cuestiona los interinatos y las designaciones que, a su juicio, incumplen procedimientos constitucionales en el Banco Central de Bolivia, la ASFI, la Contraloría, la Fiscalía General y otras entidades. Recuerda que el artículo 232 de la Constitución exige legalidad, imparcialidad y transparencia en la administración pública.
"Institucionalizar debe ser la primera acción para disminuir la ineficiencia y la corrupción", sostiene Santistevan. Propone que la Asamblea Legislativa elabore ternas y designe autoridades conforme a las normas, para evitar que los cargos dependan de la voluntad del gobernante de turno.
El exembajador Jaime Aparicio reclama profesionalizar la carrera diplomática para sostener la apertura internacional. El constitucionalista William Herrera vincula la seguridad jurídica con una justicia independiente. Los empresarios Gary Rodríguez y Jean-Pierre Antelo insisten en reglas claras para atraer inversiones.
El análisis de El Deber concluye que el cambio de ciclo exige más que detenciones: implica controles públicos, nombramientos legales, acceso a la información y jueces sin presiones políticas, todo ello con respeto a la presunción de inocencia. El presidente Rodrigo Paz ha anunciado reformas estructurales para su segundo año de mandato, aunque ha recibido críticas por la demora en la toma de decisiones.
Source: El Deber