EE.UU. revoca visas a más de 60 funcionarios de Colombia y Bolivia por narcocrimen
El Departamento de Estado retiró visas a altos cargos de ambos países por presuntos nexos con narcotráfico y corrupción. Bolivia concentra 40 de los afectados.
Washington sanciona a decenas de funcionarios colombianos y bolivianos por vínculos con el crimen organizado
El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas a más de 60 funcionarios, exfuncionarios y políticos de Colombia y Bolivia, señalados por presuntos lazos con el narcotráfico y la corrupción, según informó crprensa.com. La medida se inscribe en la campaña de la administración de Donald Trump contra el crimen organizado en América Latina.
En Colombia, uno de los nombres más destacados es el de Ricardo Roa Barragán, expresidente de la petrolera estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Roa afronta investigaciones penales relacionadas con su gestión en Ecopetrol y con su rol en dicha campaña. El Departamento de Estado señaló que la decisión respalda al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en sus esfuerzos por erradicar la influencia criminal.
Entre los colombianos incluidos en la lista figuran también Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo; el senador electo Wadith Manzur, quien no llegó a asumir su cargo por una orden de detención; y la representante a la Cámara Karen Manrique, detenida en el marco del caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Completan el listado los exsenadores Julio Chagui y Liliana Esther Bita, y el exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt. Colombia se incorporó a la alianza Escudo de las Américas tras la toma de posesión de De la Espriella en agosto.
Bolivia concentra la mayor parte de las sanciones: 40 ciudadanos afectados, entre ellos 15 cargos o excargos públicos y 25 familiares directos de estos. Entre los nombres dados a conocer públicamente están el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce y el exfiscal Armando Rojas. También aparecen el juez Julio Alba Flores; el magistrado Aldo Quezada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y el fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de esa ciudad, Julio César Porras Velarde. Rony Suárez Milliet, investigado por su relación con el narcotraficante Sebastián Marset, figura asimismo en la nómina.
Desde septiembre, Washington ha retirado visas a decenas de jueces, fiscales y policías bolivianos por corrupción judicial o nexos con el narcotráfico. Esta ofensiva ya derivó en la detención de un exfiscal general del país. Entre los demás sancionados bolivianos se encuentran el exfiscal Félix Balderas; el excomandante policial de Tarija y exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Freddy Bismarck; la exdirectora general de Migración Katherine Calderón; el director del Servicio General de Identificación Personal, Óscar Ortiz; el exjefe de seguridad aeroportuaria de la FELCN en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Fernando Velasco; el exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Alejandro Barboza; y los diputados Rafael López y Rolando Pacheco.
El Departamento de Estado afirmó que la administración Trump respalda al gobierno boliviano en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva en los tribunales, las fuerzas policiales y el poder legislativo del país. Esta acción se suma a la del 28 de septiembre, cuando Washington anuló la visa a otra veintena de altos funcionarios bolivianos, entre ellos el entonces fiscal general Roger Mariaca, acusado de solicitar y recibir sobornos para facilitar el tráfico de estupefacientes y detenido posteriormente por la policía boliviana.
La lucha contra el narcotráfico en las Américas ha sido una prioridad de la política exterior de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Estados Unidos es el principal socio de Colombia en la lucha contra la producción y el tráfico de cocaína.
Source: Google News BO — Crime