EEUU declara inelegible al Fiscal General Mariaca por sobornos y narcotráfico
Washington acusa a Róger Mariaca Montenegro de aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico. EE.UU. también revocó visas a 12 bolivianos y declaró inelegibles a otros nueve.
Estados Unidos veta al Fiscal General de Bolivia por corrupción y vínculos con el narco
El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró inelegible para ingresar a su territorio al Fiscal General de Bolivia, Róger Mariaca Montenegro, bajo la acusación de haber "solicitado y aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico" y de haber ayudado a delincuentes violentos a eludir la justicia. Según informa El Deber, la agencia Associated Press confirmó la decisión el lunes 28 de septiembre.
La medida fue vinculada expresamente por la administración de Donald Trump con su política regional antinarcóticos. "Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del Escudo, trabaja para fortalecer", señaló Washington en el argumento divulgado.
Mariaca fue elegido Fiscal General en octubre de 2024 para un período de seis años, tras ejercer previamente como fiscal departamental de Santa Cruz.
La designación se realizó bajo la Sección 7031(c) de la legislación estadounidense, que permite declarar inelegibles a funcionarios extranjeros cuando Washington dispone de información creíble sobre su participación en corrupción significativa o graves violaciones de derechos humanos. La restricción se extiende también a sus familiares inmediatos.
Visas revocadas y nueve bolivianos adicionales declarados inelegibles
En paralelo, el Departamento de Estado aplicó la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para revocar las visas existentes de 12 ciudadanos bolivianos y sus familias. Esta disposición permite impedir el ingreso cuando Washington considera que la presencia de una persona puede generar consecuencias adversas graves para su política exterior.
La lista divulgada incluye al fiscal Martín Daniel Irusta Flores; la jueza anticorrupción Albania Chané Caballero Saavedra; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores; la jueza Rosario Ximena Flores Paniagua; el exministro de Justicia Iván Lima Magne; el fiscal Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco; el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero Méndez; el expresidente de la Aduana Nacional Alberto Samuel Soto de la Vía; el exmagistrado suplente Iván Ramiro Campero Villalba; el juez de La Guardia Rodrigo Aldo Vedia Espinoza; el coronel de Policía Frans William Cabrera Quispe, y el empresario José Luis Iriarte Cussi.
A estos se suman otros nueve bolivianos cuyos nombres no fueron divulgados, actualmente sin visa estadounidense, declarados generalmente inelegibles junto con sus familias. En total, las medidas alcanzan a 22 bolivianos, contando la designación específica contra Mariaca. AP informó además que el paquete regional incluye a ciudadanos de Colombia, Ecuador y Perú.
El contexto del Escudo de las Américas
Las decisiones se conocieron seis días después de que Bolivia participara en Nueva York en la reunión del Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Trump para coordinar acciones regionales contra organizaciones criminales transnacionales.
Bolivia, Estados Unidos y otros 13 países suscribieron el 22 de septiembre una declaración que establece tres pilares de cooperación —económico, de seguridad y de coordinación multilateral— e incluye el compromiso de coordinar sanciones, designaciones, medidas financieras y restricciones migratorias contra actores vinculados con organizaciones consideradas narcoterroristas.
El presidente Rodrigo Paz participó personalmente en esa reunión. Como primera acción conjunta, los países del Escudo acordaron medidas contra 24 organizaciones criminales, entre ellas el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), grupos cuya presencia ha sido identificada por autoridades bolivianas en hechos vinculados con el narcotráfico y la violencia fronteriza.
Washington sostuvo que las restricciones buscan cumplir compromisos para "defender la gobernanza democrática" frente a la corrupción y el narcotráfico, y afirmó que socavar a un gobierno democráticamente elegido constituye una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en el continente.
En el caso de Mariaca, el Departamento de Estado fue más allá de una restricción migratoria genérica: lo designó públicamente por "corrupción significativa" y le atribuyó directamente conductas destinadas a favorecer el narcotráfico y proteger a delincuentes. Las afirmaciones corresponden al Gobierno estadounidense; en la información divulgada el lunes no se detallaron las pruebas específicas en las que Washington sustenta esas acusaciones.
Source: El Deber