Exministro Novillo pasa primera noche en celdas por compra de radares franceses con fallas
El exministro de Defensa Edmundo Novillo fue aprehendido tras declarar ante la Fiscalía por irregularidades en la compra de 13 radares a Thales Air Systems por 191 millones de euros.
Caso radares: Novillo detenido y once equipos con fallas en sistema de defensa aérea
El exministro de Defensa Edmundo Novillo pasó su primera noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, luego de ser aprehendido tras declarar ante la Fiscalía por irregularidades en la adquisición de 13 radares franceses. Según informó El Deber, el proceso investiga un posible daño económico al Estado superior a Bs 1.478 millones y alcanza a exautoridades de tres gobiernos.
"Yo soy inocente, he presentado todos mis descargos, tanto legales como también documentales y consiguientemente me parece injusta la aprehensión", declaró Novillo a la prensa. El exfuncionario integró la administración de Luis Arce entre 2019 y 2025.
La denuncia y el contrato original
La denuncia fue presentada el 15 de octubre por el actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, con respaldo de la Procuraduría General del Estado. El caso tiene como eje el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), contratado en agosto de 2016 con la empresa francesa Thales Air Systems SAS por 191,07 millones de euros, durante el gobierno de Evo Morales.
El proyecto contemplaba siete radares militares y seis civiles, además de centros de control, comunicaciones, infraestructura y transferencia tecnológica. El objetivo era garantizar la vigilancia del espacio aéreo boliviano y el control del tráfico de aeronaves.
Solo dos de trece radares sin observaciones
Una revisión técnica reveló que únicamente dos de los 13 radares funcionaban sin reparos. Nueve presentaban observaciones y dos estaban completamente fuera de servicio. En una entrevista con el programa ON-Otra noche con Sissi de El Deber, Justiniano cuestionó los resultados: "Se pagaron 191 millones de euros y no hemos recibido lo que corresponde".
Esos resultados contrastan con informes oficiales que registraban una ejecución física del 100% y una ejecución financiera del 97,85%, indicadores que también serán examinados dentro del proceso judicial. Una auditoría interna identificó diferencias entre lo previsto en el contrato y las condiciones reales de funcionamiento de los equipos.
Plazos extendidos y siete adendas
La demora en la ejecución constituye otro de los puntos observados. El contrato establecía un plazo inicial de 31 meses, pero siete modificaciones lo extendieron a 82. La demostración final del sistema se realizó a los 98 meses. La Procuraduría sostiene que las adendas alteraron plazos, garantías, obligaciones y procesos de recepción.
Diecinueve imputados de tres gobiernos
El Gobierno presentó una acción contra 19 personas: exministros, antiguos servidores públicos, responsables técnicos y representantes de la empresa proveedora. Entre los señalados figuran Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, ministros de Evo Morales; Luis Fernando López, de la gestión de Jeanine Áñez; y Novillo, de la administración de Arce.
Ferreira suscribió el contrato original y dos de sus modificaciones; Zavaleta firmó la tercera y la cuarta; López, la quinta; y Novillo, la sexta y la séptima. Ferreira rechazó las acusaciones y sostuvo que los cambios aprobados durante su gestión fueron administrativos y no elevaron el precio ni ampliaron los plazos. López, que reside actualmente en Paraguay, indicó que está dispuesto a presentarse ante la Justicia para ejercer su defensa.
Justiniano señaló que la investigación debe identificar actuaciones concretas y no limitarse a los cargos que ocuparon los denunciados. El procurador Hugo César León indicó que la querella menciona daños directos al Estado.
Source: El Deber