Fiscal Urioste revela ocho fallas institucionales que facilitaron el crimen organizado en Bolivia

El fiscal general interino José Armando Urioste identificó ocho mecanismos que habrían permitido la infiltración criminal en instituciones públicas bolivianas. Los hallazgos surgen de los casos Marset, ROMA y Maletas.

Fiscal Urioste revela ocho fallas institucionales que facilitaron el crimen organizado en Bolivia

Ocho vulnerabilidades del Estado que el crimen organizado supo explotar

El fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, identificó ocho mecanismos que habrían facilitado la infiltración de organizaciones criminales en instituciones públicas de Bolivia, según informa reduno.com.bo. Los hallazgos fueron expuestos el lunes en el Primer Foro Nacional "Justicia en Transición: Desafíos Constitucionales, Penales, Agroambientales e Institucionales", organizado por el Tribunal Departamental de Justicia del Beni.

"La corrupción y el crimen organizado son dos caras de una misma moneda", afirmó Urioste ante los asistentes al foro.

Las conclusiones surgen de las investigaciones de los casos Marset, ROMA y Maletas, que expusieron presuntas filtraciones, influencias judiciales, accesos indebidos a información reservada y fallos en los controles institucionales.

Los ocho mecanismos identificados

Captación de funcionarios. Organizaciones criminales habrían incorporado o utilizado servidores públicos para favorecer actividades ilícitas y acceder a información institucional.

Filtración de operativos. Se investiga si el entorno del narcotraficante Sebastián Marset recibió información anticipada sobre el operativo del que logró escapar en Santa Cruz en julio de 2023.

Acceso informático a información reservada. Urioste denunció que personas ajenas a la Fiscalía, entre ellas el propio Marset, accedieron al sistema ROMA y a datos sobre órdenes judiciales. La plataforma fue creada durante la gestión de Mariaca y posteriormente rebautizada.

Uso de influencias judiciales. El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, declaró que Rómer Saucedo, entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, le solicitó gestionar permisos de viaje para las hijas de Laura Rojas, exdiputada vinculada al denominado caso Maletas.

Vulneración de controles institucionales. La Aduana investigó la salida sin revisión de 32 maletas que llegaron al aeropuerto de Viru Viru y cuestionó el uso de un pasaporte diplomático caducado por parte de Rojas. El caso debe determinar si hubo negligencia o complicidad.

Manejo irregular de dinero y bienes. En el caso Mariaca se investigan vehículos de lujo, inmuebles y efectivo. El Ministerio de Gobierno reportó 33 allanamientos, el secuestro de 46 vehículos, cinco inmuebles y más de 5 millones de bolivianos junto a 407.000 dólares. Ante estos hechos, Urioste planteó la necesidad de atacar las fuentes de financiamiento de las organizaciones.

Control de bienes incautados. Vehículos decomisados en operativos contra Marset fueron transferidos al Órgano Judicial; uno de ellos fue asignado a Saucedo. Urioste cuestionó los mecanismos de control sobre esos bienes, aunque precisó que la cesión no se realizó durante su gestión.

Fragilidad institucional. El fiscal general reconoció que la Fiscalía Superior especializada en crimen organizado tenía una estructura "absolutamente teórica", sin brazo operativo propio. Las investigaciones eran fragmentadas y carecían de una visión integral sobre las estructuras criminales. Martín Irusta, quien ocupó el cargo de fiscal superior durante la gestión de Mariaca, se encuentra actualmente detenido en Patacamaya.

Respuesta institucional

Urioste advirtió además que no existía coordinación transversal en las investigaciones y que la institución era vulnerable a presiones políticas y económicas, condiciones que habrían generado espacios de impunidad.

Frente a estas falencias, el fiscal anunció el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada para la Persecución Penal del Crimen Organizado mediante equipos multidisciplinarios capaces de investigar de forma integral a estas organizaciones.

La estrategia incluye rastreo financiero, análisis de movimientos de capital, coordinación con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), cooperación internacional y protección de testigos y denunciantes.

Urioste también defendió el uso de procedimientos abreviados como herramientas necesarias para desarticular redes criminales. En el caso Maletas, Quezada y el exfiscal Julio César Porras recibieron condenas de tres años por esa vía; ambos fueron aprehendidos nuevamente y trasladados a La Paz, esta vez en el marco del caso ROMA.

El fiscal general subrayó que la cooperación internacional debe apoyar las investigaciones sin transferir el juzgamiento de los delitos a autoridades extranjeras, y señaló que el objetivo final es obtener sentencias condenatorias y recuperar bienes a favor del Estado boliviano.

Source: Google News BO — Crime

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