Video de Marset y celulares incautados, base de imputación contra fiscal Mariaca
La Fiscalía construyó el caso contra el fiscal general Róger Mariaca con un video del narco Marset, datos de la UIF y dinero secuestrado. Pide seis meses de detención preventiva.
Imputación contra Mariaca: qué pruebas tiene la Fiscalía y qué falta demostrar
El video en el que el narcotraficante Sebastián Marset menciona al fiscal general Róger Mariaca, los informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), antecedentes enviados por Estados Unidos y los teléfonos y dinero incautados en el aeropuerto de Viru Viru forman la base inicial del proceso penal, según informa El Deber.
La resolución de imputación, a la que accedió El Deber, tiene 20 páginas y está fechada el 2 de octubre. El documento detalla los elementos con los que cuenta el expediente hasta ahora, pero también deja en evidencia lo que aún falta acreditar para sostener los cargos por tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
El video de Marset como punto de partida
Una de las primeras evidencias es el material audiovisual difundido por Marset, en el que menciona a personas identificadas como "Mariaca", "Sonia" y "Aparicio". La Fiscalía utiliza específicamente la expresión atribuida al narcotraficante —"Mariaca es mi amigo"— para establecer un vínculo entre el fiscal general, Rubén Aparicio y otros investigados.
A ese elemento se sumaron informes policiales, datos de la UIF y el pronunciamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos vinculado a la revocación de visas de autoridades bolivianas. Esos antecedentes fueron considerados por la Felcn antes de localizar a Mariaca y a Alberto Zeballos en el aeropuerto de Viru Viru.
Lo secuestrado durante la aprehensión
Durante la requisa a Mariaca, los agentes incautaron dos teléfonos celulares, una tableta, Bs 19.850, $us 2.100, documentación, joyas y otros objetos. Todo ese material forma parte ahora del acervo probatorio que deberá ser sometido a análisis pericial.
El rol que le atribuye la Fiscalía
Sobre esa base, la Fiscalía sostiene provisionalmente que Mariaca habría integrado una estructura junto con Aparicio, Zeballos y Martín Irusta. Le atribuye un supuesto papel de "protección y ayuda" desde el Ministerio Público, una cobertura que habría operado cuando se desempeñó como fiscal departamental de Santa Cruz y luego como fiscal general.
La resolución incorpora además una acusación de mayor alcance: menciona informes según los cuales Marset habría pagado hasta $us 500.000 mensuales dentro de un supuesto esquema de protección que involucraba a altas esferas institucionales. Esa hipótesis se vincula al operativo fallido del 29 de julio de 2023.
Lo que la propia Fiscalía reconoce que falta
Sin embargo, el mismo documento admite que esa información todavía debe ser comprobada. La resolución ordena "verificar y corroborar de manera independiente" el contenido de los informes policiales, el video de Marset, los datos de la UIF y otras fuentes institucionales. También establece que debe determinarse la procedencia y el destino del dinero secuestrado, y confirmarse si existen o no vínculos efectivos entre los investigados.
Esa tarea abre una segunda fase del caso. Los fiscales proyectan allanamientos, identificación de nuevos participantes, declaraciones de testigos, triangulación de llamadas y tráfico de datos, análisis de teléfonos y redes sociales, peritajes de conversaciones y consultas a Migración e Interpol.
Detención preventiva de seis meses
Existe además una diferencia interna en el documento respecto al tiempo de detención solicitado. La resolución menciona inicialmente una medida restrictiva de 90 días, pero en el petitorio final la Fiscalía pide seis meses de detención preventiva para Mariaca, Zeballos, Aparicio e Irusta en los recintos penitenciarios de San Pedro y Patacamaya, en La Paz.
Source: El Deber