Abogada denuncia al fiscal Barros ante la CIDH por vincular estallido social y crimen organizado
La abogada Karinna Fernández presentó una acción ante la CIDH cuestionando declaraciones del fiscal Héctor Barros sobre el estallido de 2019 y el crimen organizado.
Denuncian ante la CIDH al fiscal Barros por sus dichos sobre el estallido y la criminalidad
La abogada de derechos humanos Karinna Fernández presentó una comunicación formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en respuesta a declaraciones del fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien vinculó el estallido social de 2019 con el debilitamiento de la actuación policial y la posterior expansión del crimen organizado transnacional en Chile. Según informó biobiochile.cl, la acción busca que el organismo internacional solicite explicaciones al Estado chileno.
La controversia se desató luego de una entrevista en que Barros —quien cumple sus últimos meses en el cargo— planteó una relación directa entre las protestas de octubre de 2019 y el auge de la delincuencia transnacional.
"Hay algo que quedó del estallido social, produjo muchos cambios; post estallido aparece la criminalidad transnacional. En el caso de cada acción que Carabineros tomaba, era vista como una violación a garantías fundamentales. Eso produjo cierta timidez a usar las garantías que tienen", sostuvo el persecutor.
En la misma entrevista, Barros argumentó que los cuestionamientos públicos a Carabineros durante las protestas generaron una suerte de inhibición entre los uniformados para ejercer sus atribuciones. Según explicó, los funcionarios sentían que cualquier procedimiento podía ser objeto de escrutinio, independientemente de cómo actuaran.
"Si hacían algo los iban a juzgar, si no hacían, también los iban a juzgar públicamente. Toda la vista estaba puesta en ese actuar", aseguró.
El fiscal agregó que algunos carabineros habrían optado por evitar procedimientos antes que arriesgarse a enfrentar responsabilidades administrativas que afectaran sus carreras. Para Barros, esa preocupación habría terminado incidiendo en la forma en que la policía enfrenta hoy la delincuencia.
"Alguien en algún momento lo va a analizar desde el punto de vista de la criminalidad; la forma en que se les juzgaba públicamente ha hecho que Carabineros no actúe tomando todas las precauciones que tiene que tomar", afirmó.
La respuesta de Fernández y la acción ante la CIDH
La abogada Karinna Fernández, quien ha representado a víctimas de violencia policial durante el estallido, rechazó los dichos de Barros y los calificó de "indolentes e infundadas expresiones de la autoridad persecutora".
En su presentación ante la CIDH, Fernández cuestiona que el fiscal establezca una relación entre el control de la actuación policial y el avance del crimen organizado sin respaldo en antecedentes concretos. Además, advierte que esas palabras ponen en duda la imparcialidad de las investigaciones por violencia policial conducidas bajo la dirección de Barros en la Fiscalía Metropolitana Sur desde 2019.
"Las indolentes e infundadas expresiones de la autoridad persecutora no solo dejan en riesgo a las víctimas de la violencia policial de ayer y hoy, sino que garantizan la repetición de dichos crímenes", señaló la jurista.
Para Fernández, los dichos de Barros evidencian que las víctimas "nunca tuvieron acceso a una persecución imparcial", lo que, según su interpretación, habilita las instancias internacionales "para perseguir a los responsables individualmente".
La abogada también apuntó al silencio de la fiscal nacional, Ángela Valencia, frente a las declaraciones de Barros, y lo encuadró dentro de lo que describió como "un entramado de impunidad a siete años de los hechos".
"Los diversos obstáculos a las investigaciones, incluida la del alto mando, la evidencia de una violenta parcialidad de un fiscal regional y el silencio del fiscal nacional, seguido de discursos que apoyan indultos a responsables de graves violaciones a los derechos humanos, van configurando lo obvio: que podemos perseguir a los responsables en sede internacional", afirmó.
Qué solicita la presentación ante la CIDH
Con la comunicación formal, Fernández busca que la CIDH requiera al Estado chileno una serie de antecedentes concretos. Entre ellos, pide conocer qué estudios respaldan la relación planteada por Barros entre el estallido social, la inhibición policial y el crimen organizado, y si esa interpretación corresponde a una opinión personal del fiscal o a una posición institucional del Ministerio Público.
Asimismo, solicita que se transparenten los resultados de las investigaciones por violencia policial tramitadas en la Fiscalía Metropolitana Sur, y que se considere la revisión de las causas archivadas y las decisiones de no perseverar.
Las declaraciones de Barros se producen a pocos días de cumplirse siete años del 18 de octubre de 2019, fecha de inicio del estallido social que dejó cientos de víctimas de violencia policial y múltiples causas judiciales pendientes.
Source: Google News CL — Crime