Fiscalía acusa al senador Calisto por fraude al Fisco y pide desafuero
La Fiscalía de Coyhaique formalizó cargos contra ocho imputados, incluido el senador Calisto, por fraude superior a $105 millones. El Ministerio Público solicitó su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
Fiscalía cierra investigación y acusa a senador Calisto por fraude al Fisco superior a $105 millones
La Fiscalía Local de Coyhaique cerró la investigación por presunto fraude al Fisco que involucra al senador Miguel Ángel Calisto y presentó una acusación formal contra ocho imputados por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, según informó biobiochile.cl. El perjuicio estimado para el Estado supera los $105 millones.
Entre los acusados se encuentra el propio Calisto, investigado principalmente por hechos ocurridos durante su período como diputado. La acusación fue presentada luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenara reabrir el caso para realizar diligencias específicas solicitadas por las defensas, entre ellas nuevas declaraciones y peritajes.
El Ministerio Público sostuvo que esas diligencias no alteraron su tesis central, sino que la reforzaron. El eje de la acusación gira en torno a contratos de asesorías parlamentarias suscritos entre la Cámara de Diputados y Carla Graf entre 2018 y 2022, período en que Calisto ejercía como diputado. Según la Fiscalía, esas asesorías nunca se efectuaron.
El organismo persecutor afirma que Calisto realizó las gestiones para concretar la contratación de Graf, pese a saber que ella no cumpliría las funciones estipuladas en los contratos. Los contratos habrían operado como mecanismo para obtener recursos fiscales de manera irregular, y parte de ese dinero habría beneficiado a Calisto, a Roland Cárcamo y a otras personas vinculadas al entonces Partido Demócrata Cristiano.
Durante la reapertura de la causa declararon integrantes del equipo parlamentario de Calisto: su jefe de gabinete, un periodista, una secretaria y su chofer. Ninguno de ellos pudo explicar en detalle el trabajo que Graf habría realizado, según la Fiscalía. El Ministerio Público señaló además que las nuevas declaraciones tampoco permitieron establecer cómo, cuándo ni de qué manera Graf habría llevado a cabo las labores por las que percibía remuneración.
La acusación coincide con antecedentes publicados previamente por Bío Bío Investiga. En esas publicaciones, Graf y Cárcamo cambiaron sus versiones iniciales y declararon ante la Fiscalía que las asesorías no se realizaron. Cárcamo señaló que Graf había sido utilizada como un "palo blanco", mientras que ella afirmó no haber prestado asesorías ni por escrito ni de forma verbal.
Otro elemento central de la investigación son los traspasos de dinero entre Graf y Calisto. En abril de 2021, Graf recibió cerca de $2,8 millones desde el Congreso y ese mismo día transfirió un monto equivalente a Calisto, según los antecedentes del caso publicados por Bío Bío Investiga.
La defensa del senador mantiene una posición distinta. Su abogado, César Ramos, ha argumentado que Graf sí prestó servicios como personal de apoyo a la función parlamentaria y que existen declaraciones, mensajes de WhatsApp y documentos que respaldarían esa versión. El propio Calisto había indicado que las asesorías eran de carácter estratégico y que mantenía contacto directo con Graf, incluso por vía telefónica. Entre los antecedentes cuestionados figuran informes que supuestamente respaldaban las actividades realizadas, aunque la Fiscalía sostiene que esos documentos no acreditan trabajos efectivamente ejecutados.
Respecto a los traspasos bancarios, la defensa rechazó que constituyan una irregularidad y los explicó como transferencias vinculadas a relaciones de amistad, vecindad y proyectos compartidos.
Junto con la acusación, el Ministerio Público solicitó nuevamente el desafuero de Calisto ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La Fiscalía sostiene que, dada su condición de senador en ejercicio, el tribunal debe determinar si existe mérito suficiente para que los capítulos de la acusación avancen y el proceso continúe hacia la preparación del juicio oral.
No es la primera vez que se plantea esta solicitud. En junio, la Fiscalía ya había acusado a Calisto y pedido una pena de 12 años de presidio, argumentando la reiteración de los hechos investigados y el perjuicio fiscal superior a $100 millones. Con el cierre de la investigación y la nueva acusación formal, el caso queda a la espera de la resolución judicial sobre el desafuero del senador.
Source: Google News CL — Crime