Fiscalía mantiene investigación contra Uribe por masacres en Antioquia
La Corte Constitucional rechazó trasladar el caso sobre supuestos vínculos de Álvaro Uribe con paramilitares a la Comisión de Acusaciones. La investigación por las masacres del Aro y La Granja continúa en la Fiscalía.
Corte Constitucional mantiene competencia de la Fiscalía en caso Uribe
La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió el lunes mantener bajo competencia de la Fiscalía General de la Nación la investigación penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con una votación de 7 contra 2, el tribunal se inhibió de definir si el proceso debía trasladarse a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, como solicitaba la defensa del exmandatario.
Según elpais.com, el caso involucra supuestos vínculos de Uribe con grupos paramilitares en los años noventa, mientras era gobernador de Antioquia. Se le imputan cargos por homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir agravado. Los hechos incluyen las masacres de La Granja (11 de junio de 1996) y el Aro (22 de octubre de 1997), ambas perpetradas por estructuras armadas ilegales en municipios del norte de Antioquia cuando Uribe ejercía como máxima autoridad departamental entre 1995 y 1997.
La Corte consideró que la solicitud presentada por la Comisión de Acusaciones contenía "errores en el planteamiento" y careció de "los presupuestos normativos y el objetivo" necesarios. Por tanto, el expediente permanece en la Fiscalía, donde continúa su trámite desde hace varios meses.
El penalista Jaime Granados, abogado principal de Uribe, había solicitado hace meses que los congresistas pidieran el caso. Su argumento se basaba en que el bloque paramilitar implicado en los hechos delictivos continuó operando mientras Uribe era presidente de la República. Granados alegó que los sucesos formaban parte de "un hecho macro del concierto para delinquir" que se extendía más allá del período gubernamental de Uribe en Antioquia.
El senador Iván Cepeda, líder de la oposición en el Congreso y uno de los principales opositores políticos de Uribe, solicitó explícitamente a la Corte que mantuviera el proceso en la Fiscalía. Cepeda argumentó que los cargos corresponden a hechos cometidos entre 1996 y 1998, durante el mandato de Uribe como gobernador, no como presidente. Señaló que la Comisión de Acusaciones tiene competencia sobre delitos de expresidentes cometidos durante su presidencia.
La solicitud de la defensa generó sorpresa al ser respaldada por congresistas del Pacto Histórico, que votaron a favor pese a la oposición de Cepeda. Esta inesperada alianza entre legisladores petristas y uribistas, quienes semanas antes se habían unido para elegir al presidente del Senado contra el candidato del Gobierno, despertó especulaciones sobre posibles acuerdos entre expresidentes de ideologías opuestas.
La votación generó indignación entre militantes de izquierda. El domingo anterior a la decisión de la Corte, la bancada del Pacto Histórico se retractó y publicó un comunicado solicitando al tribunal que mantuviera el expediente en la Fiscalía.
El asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle el 27 de febrero de 1998 también forma parte de la investigación. Antes de morir, Valle denunció públicamente una presunta omisión del entonces gobernador Uribe Vélez en las masacres de El Aro y La Granja.
En junio pasado, la Fiscalía convocó al expresidente a declaración indagatoria. Ese proceso continuará su trámite en las próximas semanas. La decisión de la Corte Constitucional se produce días después de que la Corte Suprema de Justicia condenara definitivamente a Santiago Uribe, hermano del expresidente, a 28 años de cárcel por asesinato y paramilitarismo en el caso denominado 'Los 12 apóstoles'.
Source: Google News ES — Crime (es)