Impunidad contra periodistas en América Latina inicia antes del asesinato, advierten expertos en Bogotá
Expertos en libertad de prensa alertaron en la 82ª Asamblea General de la SIP que la impunidad comienza con amenazas ignoradas, estigmatización y ausencia de protección.
Expertos en la SIP: la impunidad periodística empieza con amenazas que nadie investiga
La impunidad en los crímenes contra periodistas en América Latina no puede medirse solo por los asesinatos sin resolver, alertaron especialistas durante la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Bogotá. Según sipiapa.org, el panel "Crímenes sin justicia: la impunidad que amenaza al periodismo" reunió a expertos de Colombia, Perú y el sistema interamericano de derechos humanos para debatir un problema que, en su opinión, comienza mucho antes del homicidio: con amenazas ignoradas, campañas de desprestigio desde el poder, ataques digitales y la ausencia de mecanismos efectivos de protección.
El panel fue moderado por Roberto Rock, director de La Silla Rota y expresidente de la SIP. Participaron Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia; Adriana León, directora de Libertades Informativas del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú; y Pedro Vaca Villareal, exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Rock destacó durante la introducción la necesidad de pasar de la denuncia a la acción, y mencionó iniciativas regionales orientadas a romper los ciclos de impunidad. Entre ellas figura la Unidad de Respuesta Periodística (URP), proyecto impulsado por la SIP con apoyo del Global Media Defence Fund de la UNESCO. La URP investiga y documenta casos de periodistas asesinados cuyos expedientes permanecen sin resolver, revisa pruebas, reconstruye contextos, identifica contradicciones y explora posibles vías legales para impulsar la reapertura de investigaciones paralizadas.
La impunidad no empieza con el asesinato
Jaramillo señaló que uno de los principales errores de los Estados es entender la impunidad únicamente a partir de los homicidios contra periodistas. En Colombia, recordó, un comunicador recibe amenazas en promedio cada dos días, y muchas de esas denuncias nunca son investigadas. Cuando eso ocurre, explicó, la impunidad actúa como un factor que facilita nuevas agresiones y, eventualmente, asesinatos.
Como ejemplo citó el caso del periodista Rafael Moreno, quien denunció cerca de 40 amenazas vinculadas a sus investigaciones sobre corrupción antes de ser asesinado en 2022. La ausencia de respuestas efectivas por parte de las autoridades, según Jaramillo, permitió que las amenazas escalaran hasta convertirse en violencia letal.
La directora de la FLIP recordó también que Colombia registra 172 periodistas asesinados desde 1977. Casos emblemáticos como los de Guillermo Cano Isaza, Julio Daniel Chaparro, Jorge Torres y Gerardo Bedoya siguen enfrentando décadas de impunidad o investigaciones incompletas.
El crimen organizado avanza sobre el periodismo
Adriana León describió el deterioro acelerado de las condiciones para ejercer el periodismo en zonas de Perú dominadas por redes criminales. La expansión del narcotráfico, la minería ilegal y otras formas de criminalidad organizada afecta cada vez más la capacidad de los periodistas para investigar asuntos de interés público.
"Nos hemos encontrado con periodistas que tienen información de enorme relevancia, pero no pueden publicarla porque tienen miedo", señaló León. El IPYS ha tenido que fortalecer programas de seguridad para periodistas, incluyendo refugios temporales, asistencia especializada y medidas de protección física. "Hace apenas unos días tuve que comprar tres chalecos antibalas para periodistas peruanos", afirmó.
León alertó además sobre el fenómeno de los "silencios informativos", cada vez más frecuentes en regiones donde la violencia y la ausencia de protección estatal limitan la capacidad de informar de medios locales y comunitarios.
Estigmatización desde el poder
Uno de los planteamientos que generó mayor consenso entre los panelistas fue el impacto de los discursos hostiles contra la prensa promovidos por las propias autoridades. Vaca advirtió que varios países de la región atraviesan un momento particularmente crítico debido al uso creciente de narrativas que presentan a los periodistas como adversarios políticos o enemigos.
"Es difícil encontrar hoy un país del continente donde la figura presidencial no esté estigmatizando de alguna manera la labor periodística", afirmó Vaca. A su juicio, ese discurso eleva los riesgos para la prensa y crea condiciones que facilitan tanto las agresiones físicas como las campañas de acoso en línea.
Jaramillo coincidió en que las declaraciones estigmatizantes no afectan únicamente a los periodistas señalados directamente, sino que generan un ambiente generalizado de temor y autocensura. "Los periodistas empiezan a cuidar cada palabra por miedo a amenazas, ataques o persecuciones judiciales", señaló.
El periodismo regional, el más expuesto
Otro mensaje central del panel fue la necesidad de prestar mayor atención al periodismo local y regional. Vaca recordó que los periodistas más expuestos suelen trabajar lejos de las capitales, en territorios donde la frontera entre la legalidad y la criminalidad es difusa y donde las instituciones estatales tienen menor capacidad de respuesta.
"Es un periodismo más solitario y mucho más expuesto", afirmó. Los tres panelistas coincidieron en que gran parte de los ataques más graves contra la prensa ocurren precisamente en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, donde la ausencia del Estado y la presencia de actores armados o criminales convierten el ejercicio del periodismo en una actividad de alto riesgo sin red de protección efectiva.
Source: Google News CO — Bogotá