JEP imputa violencia sexual como crimen sistemático en Colombia: 1.500 víctimas escuchadas

La JEP calificó la violencia sexual en el conflicto colombiano como crímenes de guerra y de lesa humanidad, no como daño colateral. Se imputó a ex miembros de las FARC, el Ejército y la Policía.

JEP imputa violencia sexual como crimen sistemático en Colombia: 1.500 víctimas escuchadas

JEP reconoce patrones sistemáticos de violencia sexual en el conflicto armado colombiano

La Justicia Especial para la Paz (JEP) emitió dos autos en menos de un mes en los que califica la violencia sexual y basada en género cometida durante el conflicto armado colombiano como crímenes de guerra y de lesa humanidad, rechazando su tratamiento como "daño colateral". Según informa dw.com, las imputaciones corresponden al Macrocaso 11 y apuntan a once exintegrantes de las FARC, dieciséis exmiembros del Ejército y dos exmiembros de la Policía.

"Para las víctimas es un reconocimiento que esperaron durante décadas", declaró a DW Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo y consultor de la ONU en temas de diversidad y paz. Castañeda subrayó que estos autos "nombran la violencia sexual y basada en género como lo que fue: crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos de forma sistemática, y no hechos aislados".

Dos patrones criminales identificados

En el caso de los exmiembros de las FARC-EP, la JEP identificó dos patrones diferenciados. El primero comprende crímenes "por ser mujer": violencia sexual, amenazas y desplazamientos contra mujeres y niñas —en su mayoría campesinas— en contextos cotidianos, así como esclavitud sexual y violencias reproductivas. El segundo patrón abarca crímenes por orientación sexual e identidad de género: desplazamientos, humillaciones, trabajos forzados y asesinatos dirigidos a personas LGBTIQ+.

Respecto a los exintegrantes de la Fuerza Pública, en parte aliada con grupos paramilitares, la JEP señaló que "la estigmatización y la desprotección de las víctimas se combinaron con concepciones discriminatorias y relaciones desiguales de poder, favoreciendo violencias sexuales y basadas en género como formas de dominación, humillación, castigo e intimidación".

El fracaso de la justicia ordinaria

La JEP, cuya competencia abarca crímenes cometidos hasta el 1 de diciembre de 2016, destacó el histórico déficit de respuesta judicial frente a estas conductas. En la justicia ordinaria se registraron 2.222 procesos relacionados con violencia sexual y de género atribuida a las FARC-EP, de los cuales el 91 por ciento no llegó a juicio y el 78 por ciento no superó las etapas iniciales de investigación.

Castañeda enumeró tres razones que explican esta impunidad prolongada. La primera es el alto subregistro de los hechos: "La violencia sexual, la basada en género y la violencia por prejuicio son de las más difíciles de documentar: hay miedo, vergüenza y estigma, y en el caso de las personas LGBTIQ+ su orientación sexual o identidad de género casi siempre fue invisibilizada, tanto en las investigaciones de la justicia ordinaria como por sus propias familias".

La segunda razón es el tiempo limitado con que cuentan las salas para investigar. La JEP tiene una duración fijada de diez años, hasta 2028, lo que restringe la capacidad de reconstrucción de los hechos. La tercera razón remite a decisiones anteriores del propio tribunal: en autos previos, estas violencias quedaban descritas pero no se imputaban de manera autónoma, o se atribuían únicamente por omisión. "Llegar a una imputación de esta magnitud era un reto enorme", afirmó Castañeda.

Cerca de 1.500 víctimas escuchadas

Para construir las dos imputaciones colectivas del Macrocaso 11, abierto en 2023, distintas salas de la JEP escucharon a cerca de 1.500 víctimas: mujeres, mujeres trans, hombres, hombres trans, niños y niñas que hasta ahora permanecían invisibilizadas en los registros judiciales.

El trabajo de organizaciones de la sociedad civil y de la propia institución fue clave para reconstruir los hechos y recuperar la confianza en la jurisdicción.

Apoyo europeo y dimensión internacional

Un portavoz de la Comisión Europea declaró a DW que "la UE viene apoyando la paz de Colombia desde hace 25 años, incluyendo el Acuerdo de Paz, a través de sucesivos gobiernos colombianos", y aseguró que "el apoyo continuará", aunque sin precisar de qué forma ni si ese respaldo alcanzaría específicamente a mecanismos como la JEP una vez que esta concluya su mandato.

El proceso colombiano tiene peso internacional. La violencia sexual, la esclavitud sexual y las violaciones masivas son reconocidas por la ONU como crímenes de lesa humanidad, empleados por ejércitos, pandillas y grupos paramilitares como arma de guerra para quebrar comunidades y desplazar poblaciones.

Antes de Colombia, los crímenes sexuales cometidos durante el genocidio de Ruanda en 1994 fueron juzgados en Francia y Bélgica. En Alemania y Suecia se procesaron crímenes de lesa humanidad perpetrados en Siria en 2022. El referente más directo para el proceso colombiano, sin embargo, es el caso Sepur Zarco en Guatemala, que llevó ante la justicia hechos ocurridos entre 1982 y 1988 durante la guerra civil guatemalteca. Fue el primer caso en que un tribunal nacional juzgó la esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad, y dejó aprendizajes sobre cómo recibir el testimonio de las víctimas protegiendo su dignidad y cómo utilizarlo como prueba suficiente junto con el contexto y los peritajes.

Source: Google News BO — La Paz

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